05 de julio de 2020
05.07.2020
Levante-emv
Juicio

El pazo de Meirás: claves de un pleito histórico

El Estado y los Franco se verán este lunes en el juicio que dirimirá la titularidad de la mansión

05.07.2020 | 17:18
El pazo de Meirás.

El hombre que ejerció como guardia hortelano del pazo de Meirás hasta 1990 será el encargado de abrir este lunes la ronda de testimonios del juicio histórico que acogerá el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y que determinará quiénes son los legítimos propietarios de la residencia oficial de veraneo del dictador Francisco Franco. Transcurridos 45 años de la muerte del militar golpista, sus herederos y el Estado se enfrentan en los tribunales por la propiedad de este inmueble, que fue adquirido en plena guerra civil mediante cuestaciones, en muchos casos forzosas, recortes en nóminas de funcionarios y aportaciones públicas y que los herederos del sátrapa han puesto a la venta por ocho millones.

En esta causa están personadas también la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, que se adhieren a la demanda de la Abogacía del Estado. El Gobierno y los Franco han avanzado ya los principales argumentos que pondrán sobre la mesa en un pleito que llega tras décadas de movilizaciones de colectivos por la memoria para exigir la devolución del pazo.

¿Cómo se adquirió el pazo de Meirás? ¿Fue un "regalo" o un "expolio"?

Las dos partes comparten una premisa: el dinero "no salió del bolsillo" de Francisco Franco. La Abogacía del Estado ha solicitado el testimonio de varios historiadores y vecinos de Sada para probar que el pazo fue adquirido "mediante donaciones no voluntarias, aportaciones públicas y recortes en nóminas de funcionarios". Los abogados de la familia Franco afirman que la aportación de la Administración fue "testimonial", argumentan que no se pueden probar los descuentos forzosos en las nóminas y no entran a valorar las coacciones a particulares: "Habría gente que haría aportaciones voluntarias y otras personas que se sentirían forzadas. Es un extremo irrelevante, porque ese dinero no salía del bolsillo de la Administración, sino de particulares que no son parte en esta causa", alegó en la vista previa uno de los letrados, que defendió que todas las partes que intervinieron en el proceso, en alusión a los integrantes de la Junta Pro Pazo, querían donar a Franco la propiedad a título particular.

El Estado hace especial énfasis en su demanda en la aportación pública en el proceso de compra. Incluye pruebas de la entrega de 25.000 pesetas por parte del Ayuntamiento de A Coruña y, ya en la vista preliminar, intentó sin éxito incorporar aportaciones de Cambre, Culleredo y Ribeira, pero la jueza aceptó la petición de la familia Franco de no aceptarlas en ese momento del proceso por "extemporáneas".

Dos escrituras con distintos compradores y precios

Una de las principales pruebas que esgrimirá la Abogacía del Estado para defender la titularidad pública del pazo de Meirás es una escritura del 15 de agosto de 1938, hallada recientemente, en la que la por entonces propietaria, Manuela Esteban Collantres y Sandoval, vendía a la Junta Pro Pazo el inmueble por 406.346 pesetas. En esa escritura se explicita que el fin de la operación es que "sea donada o regalada al Generalísimo y jefe del Estado". El Gobierno defiende que este documento prueba que la escritura suscrita en 1941 por Francisco Franco (representado por Pedro Barrié de la Maza) para comprar el inmueble por 85.000 pesetas es "fraudulenta", un negocio "simulado" para evitar que el inmueble pasase a ser patrimonio estatal y recalcan que la donación no fue a título particular, sino como jefe del Estado.

Los abogados de la familia Franco defienden que la primera escritura no tenía validez porque la por entonces propietaria del pazo no había tramitado el derecho sucesorio y arguyen que era deseo de todas las partes donar el inmueble al dictador a título particular y no por su cargo.

¿Quién asumió el mantenimiento del pazo de Meirás y el pago del IBI?

La Abogacía defiende que el pazo de Meirás es propiedad del Estado por usucapión debido a que funcionó durante cuarenta años como residencia oficial del jefe del Estado. Se trataría, incide, de un bien de dominio público y, por tanto, imprescriptible. Es decir, que la familia Franco no podría hacer valer su uso de forma continuada para reclamar su titularidad porque el pazo no perdería nunca su condición de bien público. Para refrendar este argumento, la Abogacía aportará documentos con los que pretende acreditar que este inmueble se "gestionaba de forma idéntica al Palacio del Pardo" y que todas las obras de mantenimiento, conservación y mejora se financiaron con fondos públicos".

Los abogados de la familia Franco replican que el Estado solo asumió el coste "que se derivaban del uso público como residencia del jefe del Estado", pero que los gastos como "propiedad inmobiliaria" fueron asumidos por Franco e incorporados a sus declaraciones de la renta. Avanzan que aportarán para demostrarlo pólizas de seguro y extractos del pago de impuestos como el IBI y por los rendimientos de la explotación agrícola y ganadera que se desarrollaba en el pazo. El Estado mantiene por el contrario que la contribución la abonaba el Concello de Ferrol y que la granja se sostuvo con fondos y personal público. La juez aceptó requerir al Ayuntamiento ferrolano que aportase documentos que probasen que pagó el IBI de este inmueble durante la dictadura, aunque un portavoz de este Concello explicó a este diario el pasado viernes que no han logrado encontrar documentos que demuestren este extremo.

Usucapión, un arma de doble filo

Los asistentes al juicio deberán familiarizarse con un término jurídico: usucapión. Se trata de una forma de adquirir un bien tras poseerlo por un tiempo determinado de forma pública, pacífica e ininterrumpida. El Estado defiende que el pazo de Meirás es de su propiedad por su uso durante 40 años como residencia oficial, en la que llegaron a celebrarse varios consejos de ministros. Los Franco lo niegan, replican que, en todo caso, habría adquirido el inmueble como "bien patrimonial" y que ellos pudieron adquirirlo después conforme a este mismo mecanismo por su posesión durante décadas tras la dictadura.

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