La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el Ejecutivo no tiene constancia de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya sido víctima de un hackeo y le ha animado a poner la supuesta intervención de su móvil en conocimiento de la autoridad judicial para que se investigue.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha señalado que corresponde a la autoridad judicial investigar si ese hackeo se ha producido y en qué circunstancias y ha recordado que cualquier intervención de un móvil en España requiere previa autorización judicial.
Ha respondido así al ser preguntada por la investigación realizada por El País y The Guardian, que indica que el móvil de Torrent fue atacado con en 2019 con Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas de seguridad con el propósito de combatir el crimen y el terrorismo.
En una declaración institucional, Torrent, ha afirmado que ese espionaje es "impropio de un estado democrático", ha anunciado que emprenderá acciones legales y ha exigido al Gobierno español que "se investigue y se depuren responsabilidades".
La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que se ha enterado del caso poco antes de entrar a la rueda de prensa y ha insistido en que, ante la sustracción de un móvil o la sospecha de un hackeo, hay que presentar la correspondiente denuncia para que se investigue, como hacen todos los ciudadanos.
Al margen de esa precisión, Montero se ha limitado a mostrar su respeto a las actuaciones que puedan realizar las fuerzas de seguridad o la autoridad judicial.
