El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha ordenado el sacrificio de los 92.700 visones de la explotación de La Puebla de Valverde (Teruel), cuyo titular es Secapiel S.L. La dirección general de Calidad y Sanidad Alimentaria procedió a la inmovilización cautelar de granja el pasado 22 de mayo de 2020, cuando 7 de sus trabajadores dieron positivo por Covid-19. Desde entonces se viene realizando un seguimiento a los animales y no se ha permitido la entrada ni salida de ejemplares -ni subproductos- de la explotación. No obstante, se comprobó que la empresa cumplía con todos los requerimientos en materia de sanidad animal y se comunicaron las medidas relacionadas con la bioseguridad a seguir.

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, afirmó que los datos con los que cuentan "permite dar por hecho que se está produciendo la transmisión comunitaria entre los animales de la granja, absolutamente inmovilizada". Además, la consejería baraja dos hipótesis, tanto que la transmisión se ha podido producir de animales a humanos, como al revés. "El departamento no puede determinar si existe transmisión de humanos a animales o viceversa, lo que puedo decir es que caben las dos posibilidades. Pero insisto. Son hipótesis de trabajo que no podemos confirmar en estos momentos en un proceso caracterizado por la indeterminación", añadió Olona.

Actualmente, dos de los trabajadores de la explotación están contagiados con covid-19. "Hay dos casos positivos entre los trabajadores, que pueden estar relacionados. Pero lógicamente, igual que ha habido un control estricto, ha sido en todos los ámbitos", incidió Olona. "Los siete primeros positivos, ya se recuperaron. El caso índice fue una persona ajena, una persona relacionada con un trabajador, con lo cual permite trasladar la hipótesis de que pudiera haber transmitido de personas a animales. Lo mismo que ahora, cabe establecer la hipótesis de que ahora dos personas se hayan podido contagiar de los animales. Los datos permiten formular ambas hipótesis, sin tener datos concluyentes para afirmarlas o rechazarlas con seguridad", indicó Olona.

El seguimiento de la explotación

Los primeros test se realizaron el 28 de mayo y siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se seleccionó una muestra aleatoria de 7 animales a los que se les realizó un test de RT-PCR en el Laboratorio de Referencia Nacional de Diagnóstico de Enfermedades en Animales del Ministerio, situado en Algete (Madrid). Los resultados se conocieron el 3 de junio y fueron negativos.

El Gobierno de Aragón decidió mantener la inmovilización y continuar con el seguimiento de los animales en la explotación, el 8 de junio se realiza un segundo muestreo, tomando 20 muestras de sueros e hisopos orofaríngeos, rectales y exudados de órganos internos, resultando 1 positivo no concluyente frente a SARS-Cov-2, ante estos indicios de infección se decide seguir realizando pruebas en la explotación

El 22 de junio se realiza un tercer testeo en el que se selecciona una muestra aleatoria de 30 ejemplares. Los resultados confirman 5 positivos, lo que equivale al 16% de la muestra seleccionada.

Antes de tomar una decisión que supondría un grave perjuicio económico para el titular de la explotación, el Departamento de Agricultura ordena un cuarto muestreo a 90 ejemplares que se realiza el 7 de julio. Los resultados, que se conocen este mismo lunes 13 de julio, determinan 78 positivos, el 86'67% de la muestra.

Tras los resultados obtenidos, el Gobierno de Aragón establece como medida preventiva el sacrificio de los 92.700 visones que actualmente existen en la explotación. Si bien, durante este tiempo no se ha detectado un comportamiento anómalo en los animales ni se ha producido un incremento en la mortalidad en los mismos.

La orden de sacrificio será ejecutada directamente por el propio departamento de Agricultura, con el apoyo de la empresa pública Sarga y adoptando todas las medidas de bioseguridad necesarias.

El sacrificio obligatorio se ha ordenado en aplicación de lo establecido por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal -que contempla la indemnización-, a cuyas disposiciones y previsiones es preciso remitirse.

Cabe aclarar que el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente no puede determinar si existe transmisión de humanos a animales o viceversa, puesto que tal conclusión debe ser objeto de otro estudio y que esta decisión se toma como medida preventiva.