La magistrada Maria Jesús Arnau, titular del Juzgado de Vigilancia número 5 de Cataluña, ha suspendido cautelarmente el tercer grado penitenciario o de semilibertad al 'exvicepresident' de la Generalitat, Oriol Junqueras; a los 'exconsellers' Raül Romeva y Joaquim Forn; al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez; y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Todos ellos reingresaran en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), de donde no podrán salir ni a trabajar. Está prevista la llegada de los dirigentes soberanistas al centro penitenciario a las 19 horas.

Los independentistas presos estarán de nuevo clasificados en segundo grado o de régimen cerrado, el más habitual entre los reos. Solo podrán disfrutar de nuevo del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitía salir de la cárcel unas horas a trabajar y a hacer voluntariado, si lo aprueba otra vez las junta de tratamiento de la prisión.

La jueza de vigilancia penitenciaria ha aceptado, de esta manera, la petición de la Fiscalía de Barcelona de suspender inmediatamente el tercer grado que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio hasta que se tramitara el recurso, que ha sido presentado este mismo martes. El ministerio público argumenta que esta medida crea una "total sensación de impunidad". Con ese tercer grado, los líderes soberanistas solo iba a dormir a la cárcel y los fines de semana también podían estar en su casa.

Junqueras ha reaccionado a la notícia con un vídeo difundido a través de las redes sociales en el que asegura que la maniobra de la fiscalía les hace "volver a constatar" que el Estado "tiene mucho miedo" al ver que han "inicidido en la política y en la sociedad catalana". "Pero nosotros sabemos que esto forma parte del camino, y que de la prisión se sale, y que saldremos para ganar y para llevar este país a la libertad", ha añadido.

"Nos vuelven a cerrar. Lo que demuestra es que tienen miedo, pero nosotros no tenemos ningún miedo. Sabemos que esto forma parte del camino, que es un camino difícil, largo, doloroso pero también irreversible", ha añadido Romeva en otra grabación.

Por su parte, Cuixart ha hurgado en que "usan los tribunales para la formación del espíritu nacional". "Pero saben que nunca renunciaremos ni a la protesta ni a la libertad de expresión para luchar por la autodeterminación", ha remachado.

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, no se ha quedado al margen y ha criticado en Twitter la decisión de la fiscalía: "No, la ley no prevé la venganza como respuesta. ¿Este es el diálogo que ofrece España?", ha escrito.

Otros recursos

El fiscal también ha recurrido la semilibertad de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, exigiendo también su suspensión. Sin embargo, el escrito ha caído en otro juzgado de vigilancia y todavía no ha resuelto.

La fiscalía tiene pendiente presentar el recurso contra los 'exconsellers' Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, que se está ultimando y que posiblemente determinará que vuelvan de nuevo a la cárcel. En el caso de que el juez de vigilancia decida no aceptarlos, la fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Los recursos exponen que la progresión a tercer grado es incompatible con "la necesaria realización de los fines retributivos y de prevención general" de la pena, por cuanto continúan "reconociendo los hechos y sus consecuencias pero no el delito". A su entender, no han "superado" ningún programa específico de tratamiento para abordar tal déficit" y tampoco se ha producido el "necesario acercamiento con el exterior de la cárcel", con la concesión de permisos.

Rapidez penitenciaria

El recurso sostiene que Junqueras, Romeva y Forcadell "aún no han cumplido una cuarta parte de la condena" y se le otorga la aplicación del régimen flexible del artículo 100.2 del reglamento penitenciario con amplio régimen de salidas, "lo que es del todo inusual". Y, ahora, transcurridos "sólo" seis meses desde la clasificación inicial en segundo grado se progresa al mismo a tercer grado, "lo que muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad". Sànchez, Forn y Cuixart han cumplido la cuarta parte de la condena este año.

La fiscalía subraya la gravedad del delito sedición. Así señala que el bien jurídico atacado es "el orden público y "el adecuado funcionamiento de los servicios e instituciones públicas", por lo que la conducta por la que se condenó a Junqueras "fue muy grave, no solo en términos jurídicos", sino en los "de repercusión social e institucional". Su "extrema gravedad", incide el fiscal, "debe ser objeto de un importante reproche, dado que en última instancia el perjuicio causado lo es a la estructura de nuestro Estado social y democrático de derecho", habiéndose "querido vulnerar la unidad territorial".

En su opinión, no se puede trasmitir a la sociedad "que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos, pues la legalidad es una condición necesaria para la existencia de la libertad política y solo esta es posible cuando la regla precede a la acción".

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el fiscal sostiene que la condena recayó "por haber cometido actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos públicos, aprobando normas que autorizaban" el 1-O, "quebrantando así la confianza que la sociedad tiene en el manejo honesto de los fondos del Estado".

Respetar la ley

Según la fiscalía, el programa de tratamiento de los dirigentes independentistas presos debe tener por objeto enseñarles a respetar la ley, a que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando mecanismos legalmente. "Un gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma", no estando los presos soberanistas condenados "por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legales".

El tratamiento que deberían acometer es que les ayude "a comprender que para alcanzar los fines que pretende, legítimos en la Constitución, no hay otra vía que la de la modificación legislativa por las vías legales que la propia ley establece y que las leyes, en especial el Código Penal, se deben cumplir por todos los ciudadanos".