El Tribunal Constitucional ha apelado este martes a respetar la presunción de inocencia del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, que ha salido en libertad tras ser arrestado por un presunto delito de violencia de género.

En un escueto comunicado, el tribunal de garantías ha recordado que, mientras continúe el procedimiento judicial que debe esclarecer los hechos, el magistrado "está amparado en su derecho fundamental a la presunción de inocencia".

Valdés, que llegó al TC en 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado en su domicilio de Majadahonda (Madrid) y, según apuntan fuentes de la investigación, en ningún momento se identificó ante los agentes que lo detuvieron como magistrado del tribunal de garantías.

La titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), especializado en violencia sobre la mujer, ha acordado este martes dejarlo en libertad tras valorar su estado de salud, su avanzada edad (75 años), la situación de alerta sanitaria por el coronavirus y que, por su condición de magistrado del TC, está aforado ante el Tribunal Supremo.

Así lo recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quien debe conocer las causas contra magistrados del TC, por lo que previsiblemente la jueza derivará el caso al alto tribunal, explican a Efe fuentes jurídicas.

Tras conocerse el arresto, el PP ya ha considerado, en palabras de su portavoz de Justicia en el Congreso, Luis Santamaría, que "lo más aconsejable" sería que el magistrado diera un "paso atrás".

La noticia de la detención de Valdés ha sido recibida con gran preocupación en el seno del Tribunal Constitucional, según admiten a Efe otras fuentes consultadas, que piden no obstante cautela a la espera de cómo avancen los acontecimientos.

En contra de lo que suele ser habitual, en esta ocasión al tribunal no le ha constado notificación de la detención "de forma fehaciente" y, tras conocer la noticia, su presidente, Juan José González Rivas, ha decidido interrumpir sus vacaciones y trasladarse a Madrid.

Valdés, considerado progresista, llegó al TC en 2012 y concluyó su mandato hace unos ocho meses, por lo que su puesto está pendiente de renovación.

Actualmente, llevaba temas de peso en el tribunal como la ponencia de la sentencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza; así como las que debían dar respuesta a los recursos contra la prisión permanente revisable y el estado de alarma.

No es la primera vez que un magistrado del TC se ve implicado en un supuesto delito.

En 2004 Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y secretario de ese área en el PP, dimitió tras imputarle la Policía Municipal de Madrid un posible delito contra la seguridad vial.

Había sido interceptado alrededor de las siete y media de la mañana de un domingo cuando conducía su moto casco por el paseo de la Castellana de Madrid tras saltarse un semáforo en rojo y cuadruplicó la tasa de alcoholemia permitida.

Cuando renunció a su cargo, llevaba un año como magistrado del Constitucional a propuesta del PP y regresó a su puesto de juez en la Audiencia Nacional.