La revuelta por la cesión del superávit municipal de los alcaldes de las principales ciudades y de la mayoría de los grupos de la oposición, incluidos los que han venido respaldando al Gobierno durante estos convulsos meses de legislatura, preocupa mucho en la Moncloa. El Ejecutivo, que quiere hacer del diálogo territorial una de sus banderas, tiene ahora a los ayuntamientos en pie de guerra y se expone a una severa derrota parlamentaria cuando se tramite el polémico decreto, que prescribe que el Gobierno tomará prestados 14.000 millones de los remanentes municipales, pero devolverá esa cuantía durante la próxima década e inyectará 5.000 millones a los ayuntamientos a lo largo de este año y del que viene. Ante este escenario, que complica todavía más el horizonte político, Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que está dispuesto a hacer cambios.dispuesto a hacer cambios.
"El Gobierno siempre va a estar dispuesto al diálogo. La voluntad de llegar a un acuerdo es con todas las instituciones y singularmente con los ayuntamientos. Mano tendida, vamos a seguir negociando con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios y garantizar la tramitación del decreto ley", ha dicho el jefe del Ejecutivo tras reunirse con Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca), en su primera reunión oficial desde que se anunció la salida de España de Juan Carlos I, debido a las sospechas de corrupción. El monarca emérito continúa en paradero desconocido, y así continuará si depende de Sánchez. El presidente ha insistido en que quien debe dar explicaciones sobre dónde se encuentra es la Casa del Rey o "el propio afectado".
La suma en el Congreso
En la práctica, la negociación propuesta por Sánchez implica que el decreto se tramite en el Congreso como proyecto de ley, algo que permite a los grupos parlamentarios plantear modificaciones y votar sus enmiendas. De momento, la norma aprobada por la Moncloa cuenta como mínimo con 190 diputados en contra, más de la mitad del hemiciclo.
Para evitar este fracaso, el Ministerio de Hacienda anunció el pasado lunes que las entidades locales con superávit que apuesten por cederlo al Gobierno no tendrán que pagar los intereses que actualmente abonan a los bancos por tener esos remanentes inactivos. Pero el gesto no apagó las críticas, que no solo vienen del PP, sino también de ayuntamientos que se encuentran en la órbita de Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sino que los invertirá en la ciudad, como avanzó EL PERIÓDICO el pasado lunes.
La cesión del superávit municipal fue aprobada el pasado 3 de agosto en una ajustadísima votación por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Solo cosechó el apoyo de los 12 representantes del PSOE, mientras que el PP, Cs y JxCat, que suman el mismo número de miembros en la Junta de Gobierno de este organismo, votaron en contra. Unidas Podemos se abstuvo. Así que el desempate llegó del voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo.
Pese a su llamada a la negociación, Sánchez ha defendido el acuerdo y ha descargado la responsabilidad sobre la actual situación en el PP. "El origen de esto es una ley del PP que impedía a los ayuntamientos el uso de sus remanentes. El Gobierno habilita ahora un mecanismo dentro de la legalidad para que puedan hacer uso de ese remanente por una cuantía de 5.000 millones de euros para impulsar la reconstrucción de nuestro país. Entre una cosa y otra hay un abismo", ha dicho el presidente, que ha querido encargarse del anuncio de que el Gobierno está dispuesto a hacer cambios en el decreto.
Poco antes, desde Rota (Cádiz), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había avisado de que si el Congreso no convalidaba la norma, los ayuntamientos quedarían sometidos a la regla de gasto y no podrían usar sus remanentes salvo para inversiones financieramente sostenibles, informa Rosa María Sánchez. "Sería una pena que los ayuntamientos se queden sin la posibilidad de utilizar sus remanantes y de relajar sus reglas fiscales. Si no se aprueba el acuerdo, seguirán sujetos a las reglas fiscales que en este momento encorsetan a los ayuntamientos", dijo Montero.
Opacidad sobre el monarca emérito
El conflicto entre el Gobierno y las entidades locales no ha formado parte de su entrevista con Felipe VI, según ha explicado Sánchez. "Ha sido un despacho ordinario en un tiempo extraordinariamente complejo. Hemos hablado de la evolución del covid-19. Y también de cuestiones de política internacional, como la conferencia sobre el Líbano", ha explicado el jefe del Ejecutivo, dejando también a un lado dónde se encuentra el rey emérito, que continúa en paradero desconocido, algo que ha enturbiado la operación para que abandonase el Palacio de la Zarzuela y se marchara de España, en la que la Casa del Rey ha tomado la iniciativa, si bien en contacto continuo con la Moncloa.
No revelar dónde se encuentra forma parte de las condiciones que puso Juan Carlos I para aceptar su destierro del país. Sánchez no va a romper este acuerdo. El martes de la semana pasada, cuando compareció tras el Consejo de Ministros, el líder socialista dijo primero que desconocía dónde estaba el exjefe del Estado, y después que quien debía decirlo era la Casa del Rey, que hasta ahora señala que Juan Carlos I es un ciudadano más y que él debe decidir si revela o no su lugar de residencia. Esta vez, Sánchez se ha limitado a remitirse a la Corona y al propio exjefe del Estado cuando le han pedido explicaciones.
"Las conversaciones con el jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida. Somos instituciones distintas. Tiene que ser la Casa del Rey o el propio afectado quien lo comunique", ha señalado el presidente, que ha acogido con cierta incomodidad las preguntas sobre la reciente imputación de Podemos como persona jurídica y de varios dirigentes morados por los posibles delitos de malversación y administración desleal. Sánchez se ha limitado aquí a transmitir su "respeto a la independencia judicial".
