La sección de la Abogacía del Estado que atiende asuntos de la Delegación del Gobierno en Madrid estudia desde este lunes la manifestación negacionista que, incumpliendo todas las recomendaciones de seguridad, se celebró ayer en la Plaza de Colón de la ciudad, confirman fuentes de la Delegación.

Los abogados del Estado valoran posibles delitos cometidos en el acto que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha tildado durante esta jornada de "aquelarre de irresponsabilidad absoluta". La vía de los delitos contra la salud pública o la seguridad colectiva, por no haber comercio o propaganda de sustancias en el caso ni tampoco estragos acreditables, se presenta como menos transitable por la Delegación que la del de desobediencia, pues, aseguran esas fuentes, los organizadores de la concentración de críticos con las medidas de protección frente a la pandemia han mentido en las características y el sentido del acto que comunicaron a Interior a la hora de pedir permiso.

El trabajo de los abogados gira ahora en torno a las más de 30 propuestas de sanción que la Policía Nacional tramitó este domingo durante la manifestación. Una parte no cuantificada de ellas son por resistencia cuando los agentes de policía requerían la documentación a los manifestantes. En todos los casos, la acción policial se inició contra personas que no llevaban mascarilla o, en grupos, incumplían la normativa autonómica de distanciamiento social.

Responsables

Habrá sanciones de un mínimo de 100 euros a los incumplidores de esa normativa -avanza la Delegación del Gobierno-, que han roto algo más que simples recomendaciones sanitarias. Pero los abogados del Estado estudian la responsabilidad de los organizadores. Según fuentes cercanas al caso, la petición llegó a la Delegación firmada por un grupo de particulares, y ninguna organización como persona jurídica.

"Siempre hay algún descerebrado, en este caso bastantes, por desgracia, que incumple las normas, pero lo que quiero dejar perfectamente claro es que se sancionará con la máxima dureza que nos permita la ley", ha declarado Franco en una entrevista en la cadena SER.

En diversos medios, Franco ha explicado que los organizadores, en su petición, "no reivindicaban oposición a la mascarilla", si bien en las redes sociales los vídeos apócrifos de propaganda de la convocatoria #Madrid16-A se centraban en el rechazo a lo que los manifestantes llaman "bozal".

En la toma de conocimiento de la Delegación de Gobierno sobre la comunicación de la manifestación, se les recordó a los organizadores la necesidad de respetar la distancia social y el uso de mascarillas, ha reiterado Franco.

Prohibido prohibir

El delegado del Gobierno ha recordado que los organizadores "nos garantizaron en su escrito la distancia social, incluso dicen que habrá personas recordándolo con carteles", ha dicho en la Ser.

Ese es el motivo por el que, aseguran en la representación del Gobierno de España en Madrid, no se pudo proceder a una prohibición preventiva a la manifestación, ni siquiera atendiendo al riesgo para la salud pública. La Delegación del Gobierno ha tropezado con la misma dificultad ante las manifestaciones y caceroladas contra el confinamiento que convocaron en mayo colectivos vecinales cercanos a VOX en la calle Núñez de Balboa de Madrid y otras aledañas del Barrio de Salamanca.

En el proceder de la Delegación pesa además algún precedente judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya obligó a la representación del Gobierno central a permitir una manifestación de adeptos a Franco ante el cementerio de Mingorrubio el pasado 24 de octubre. La Delegación había argumentado riesgos para el orden público, que desoyó el tribunal cuando la Fundación Francisco Franco recurrió.

Las fuerzas policiales que rodeaban a los manifestantes negacionistas este domingo tampoco pudieron disolver el acto, explican las mismas fuentes, por "un criterio de oportunidad. Habría sido peor el remedio".

"La Policía actuó con la proporcionalidad que se le exige y con la que suele actuar siempre y hubiera sido peor, a mi juicio, una carga por disolver esa manifestación", ha afirmado Franco en la SER. Tras reconocer que "estas situaciones siempre son discutibles", ha dicho que si se hubiera producido una carga los manifestantes podrían haberse dispersado por las calles de Madrid, y ha añadido que algunos de ellos intentaron tomar el Paseo de la Castellana y que la Policía Nacional se lo impidió.