La justicia andorrana investigará si el Gobierno de Mariano Rajoy y su cúpula en el Ministerio de Interior presionó a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de políticos catalanes durante el "procés", a raíz de la querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra y del colectivo de juristas Drets.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe este martes, la Batllia d'Andorra, órgano judicial similar a la Audiencia Nacional española con competencias para dirigir las diligencias, acuerda admitir a trámite la querella presentada por las citadas entidades, que se dirige contra Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.
El juez andorrano considera que la querella, presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, expone unos hechos que "pueden ser constitutivos de responsabilidad penal y de los que se puede derivar una responsabilidad civil".
Por ese motivo, estima procedente admitirla a trámite para su investigación y remite las pesquisas a la Presidencia de la Batllia.
La causa se deriva de la querella que presentó el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y el colectivo de juristas Drets contra Rajoy y la cúpula del Ministerio de Interior en la etapa de Fernández Díaz, por enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.
La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid, ambos ya clausurados, si no facilitaban la información exigida.
Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que "intimidaba" al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad.
El Instituto de Derechos Humanos de Andorra y Drets presentaron la ampliación de querella para "dar continuidad" a las investigaciones realizadas contra los cuatro policías españoles que presuntamente presionaron a BPA para lograr los datos bancarios de Mas, Junqueras y los Pujol, en la denominada Operación Cataluña.
