El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles que su departamento comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por su participación en el proceso de independencia de Cataluña.
Así lo ha manifestado Juan Carlos Campo en la sesión de control al Gobierno del Congreso a una pregunta de la diputada de JxCat Laura Borrás "sobre las medidas del Gobierno a la vista de la deriva en la que está instalada la justicia española".
El titular de Justicia ha explicado además que el Gobierno mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de rebelión y sedición para adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países.
Laura Borrás ha comentado que este miércoles el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, estaba "declarando por segunda vez en siete días por una pancarta y desde el jueves pasado todo el mundo está especulando sobre cuándo va a salir su sentencia en el Tribunal Supremo".
"¿Sabe por qué la de la Gürtel no ha salido todavía y llevan siete meses deliberando cuando es el mismo ponente?, porque la ley dice literalmente que se resuelven en orden de llegada. ¿El turno se altera por ser catalán e independentista?", la ha preguntado Borrás al ministro.
Laura Borrás ha comentado que "esta semana nos hemos encontrado con que el teniente fiscal del Tribunal Supremo denunció presiones de dos fiscales que acudieron a su despacho a intentar influir contra su decisión de pedir el archivo de las 21 querellas presentadas contra el Gobierno en su gestión de la crisis del Covid".
"En esta ocasión estos dos juristas parece que actuaron absolutamente esclavos de su ideología, pero cuando ellos mismos actuaron contra los líderes independentistas insistiendo hasta la náusea de acusarles de rebelión entonces se limitaron a aplicar criterios jurídicos y supieron contener sus ideas", ha añadido.
A juicio de Borrás "la justicia española es más española que justicia" ha añadido: "Gestionen el conflicto que mantienen con Cataluña" y "háganlo desde la política abandonando la judicialización".
Juan Carlos Campo ha mantenido: "Nuestros jueces no son menos independientes aunque dicten resoluciones que a usted no le gusten y somos un estado social y democrático de derecho donde cada uno tiene que cumplir el papel constitucional que le corresponde".
"Estamos plenamente dispuestos al diálogo que es la manera de resolver los conflictos políticos y afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad", añadido.
Y ha abundado en que su Ministerio "impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos", para concluir diciendo: "Por cierto esos que a usted le preocupa, porque les toca, comenzarán a tramitarse la semana que viene".
Un plazo de seis meses
El Ministerio de Justicia tramitará de forma individual los expedientes de indulto de los doce condenados por el proceso independentista catalán, un procedimiento que suele superar los seis meses, apuntan fuentes de este departamento.
El primer paso, apuntan las fuentes del Ministerio, será reclamar los informes del tribunal sentenciador, el Supremo, y de la Fiscalía.
Se tramitarán doce expedientes porque la primera solicitud que entró en el registro del Ministerio, en enero, pedía el indulto para los doce condenados, aunque sólo nueve fueron condenados a penas de prisión: Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Los indultos, una medida de gracia discrecional en manos del Gobierno, se rigen por una normativa de 1870, que determina que, una vez recibida la solicitud, el ministro de Justicia debe enviarla al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, para que emita su informe.
Ese tribunal debe solicitar el correspondiente informe al Ministerio Fiscal antes de remitir la respuesta al Ejecutivo, pero su posición no es vinculante, ya que corresponde al Gobierno la decisión definitiva. En el caso de ser favorable a los reos, debe acordarse vía real decreto publicado en el BOE.
Los indultos pueden ser totales o parciales y pueden condicionarse al cumplimiento de determinados requisitos, correspondiendo al tribunal sentenciador la vigilancia de que se cumplan.
