La siguiente conferencia de presidentes, la que hará la número 17 desde que estalló la pandemia -y la número 23 de todas las celebradas desde 2004-, ya tiene una fecha aproximada. Entre finales de octubre y principios de noviembre de este año. Y a ella asistirá, por primera vez en este tipo de cumbres autonómicas, la presidenta de la Comisión Europea, Comisión EuropeaUrsula von der Leyen. Con ella, el Gobierno y los presidentes de las comunidades abordarán el reparto de los fondos europeos, una potente inyección de 140.000 millones de euros que deberán ejecutarse a lo largo de seis ejercicios.

Pedro Sánchez hizo ese anuncio durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso, y en respuesta a la pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban. El presidente añadió que el compromiso de la dirigente alemana lo cerró hace justo una semana, cuando se entrevistó con ella con Bruselas. Ella, por tanto, será la invitada estrella de una conferencia a la que están llamados "todos los presidentes autonómicos, precisamente para hablar del fondo de recuperación que va a presentar España", en palabras de Sánchez. Aún falta por definir la fecha exacta y el lugar en el que tendrá lugar la cumbre. La anterior, a principios de septiembre, fue telemática, como las 14 que el presidente dirigió durante el estado de alarma, y la penúltima, en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

Esteban utilizó su turno en la sesión de control para preguntar a Sánchez cómo se van a ejecutar los fondos europeos, qué rol jugarán las autonomías y cómo se llevarán esos proyectos a Bruselas. España tiene un gran desafío por delante, ejecutar las ayudas, porque en el último Marco Financiero Plurianual (2014-2020) solo logró gastar un 34% del dinero.

Sánchez respondió que la voluntad del Ejecutivo es "cogobernar" los fondos, porque tocan a las competencias de comunidades y ayuntamientos. El esquema de gobernanza es una unidad de seguimiento, instalada en la Moncloa, para darle "esa importancia política desde el punto de vista institucional", y una comisión interministerial que presidirá él mismo. Además, los responsables autonómicos participarán a través de una conferencia sectorial liderada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y será la Comisión Mixta Congreso-Senado de la UE la que examinará la gestión de esos fondos.

Esteban insistió en que la industria debe tener un papel clave, en que el Gobierno ha de contar con las comunidades en el "diseño y la gestión" de los planes. Los programas han de "cambiar el modelo productivo". Y, si se quiere ser "efectivo", ha de articularse una "legislación específica" para dar trámite a estos proyectos, porque si no se agiliza la tramitación, se formará un "cuello de botella", como ha sucedido hasta ahora. "Hay que ser imaginativo, y si lo hace espero que pueda servir para un modelo futuro de gestión", concluyó."Políticas cruzadas"

"Estamos de acuerdo", coincidió Sánchez. El presidente adelantó que sí hay que "agilizar" la ejecución de los fondos, y para ello el Gobierno planteará una "reforma de la legislación básica" para garantizarlo. También cree que es importante el papel de la industria y la cogobernanza de los fondos con las comunidades.

El jefe del Ejecutivo contestó a continuación la pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le inquirió si el Gobierno busca unos Presupuestos "progresistas" apoyados por la mayoría de la investidura. La diputada 'abertzale' pidió a Sánchez que elija, porque "no se puede dejar a la derecha ni un resquicio para que vuelvan a precarizar la vida". "No es cuestión de vetos cruzados", los que se ponen los nacionalistas y Ciudadanos de manera recíproca, dijo, sino de "políticas cruzadas", ya que los "privilegios" que quiere, a su juicio, la derecha, son "incompatibles" con los derechos que la izquierda busca extender a la mayoría de la población. Aizpurua le mostró la voluntad de su grupo para "dialogar y acordar" los Presupuestos Generales del Estado sean "buenos para la mayoría social".

Sánchez respondió que es "absurdo" dudar de que las siguientes cuentas serán "progresistas", porque "progresista" es el Ejecutivo de coalición y su sello será muy distinto a la de las últimas vigentes, aprobadas por Cristóbal Montoro (PP). Pero el compromiso del Gobierno, añadió, es abrir la negociación a todos los grupos que no se "autoexcluyan", porque unas circunstancias "extraordinarias" exigen de "acuerdos extraordinarios".

"Desde el punto de vista de los contenidos, es evidente que vamos a contar con unos PGE progresistas. Ya lo estamos haciendo", puntualizó Sánchez, recordando que con las cuentas prorrogadas de Montoro se han podido aprobar el ingreso mínimo vital, ayudas para la supervivencia de las empresas o la extensión de los ertes hasta el 31 de enero, que supondrá un gasto para el Estado de 1.000 millones de euros al mes. El presidente no quiere deshojar la margarita de los acuerdos, si bien en las últimas semanas el Ejecutivo ha reconstruido los puentes con la mayoría de la investidura. De hecho, Montero apuntó ayer martes que en la negociación presupuestaria se volcará "muy especialmente" con esos aliados de arranque de legislatura. Cs está en la recámara, pero ya no es el objetivo principal, de momento, para el Ejecutivo, tal y como deseaba Unidas Podemos.