El fiscal del Tribunal Supremo que se encarga de las diligencias abiertas en torno al Rey Juan Carlos para determinar si debe abrirse una investigación contra él por delito fiscal o blanqueo de capitales se ha mostrado positivo respecto a su futuro. En el escrito en el que ha pedido el rechazo de las querellas presentadas por Òmnium Cultural y Atenes de Juristes pels Drets Civils sostiene que "han avanzado desde su iniciación cualitativa y cuantitativamente".

"La comisión rogatoria solicitada en su momento a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra -pese a que, a día de hoy, no ha sido cumplimentada en su totalidad-, abre nuevas perspectivas, y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar en este momento", añade.

La salvedad que hace el ministerio público sobre que no cuenta con la información suiza al completo es importante, porque solo cuando eso se produzca decidirá si interpone una querella para abrir una causa judicial en la que ya esté formalmente imputado el emérito o, por el contrario, procede al archivo de las actuaciones por circunscribirse su actuación al tiempo en que era jefe del Estado y por tanto ser inviolable.

Aún no hay causa

En este sentido, el fiscal recuerda "no puede afirmarse que exista un procedimiento judicial abierto" contra él todavía. Y señala que la doctrina procesal prevalente, la presentación de una querella "no supone la iniciación de un proceso, sino que constituye un acto procesal de postulación mediante el cual se solicita al órgano jurisdiccional la iniciación del procedimiento y la adquisición por el querellante de la cualidad de parte acusadora".

Ese procedimiento solo se abre cuando se produce la admisión a trámite de la querella. El ministerio público considera que aún no es el momento para ello, sobre todo, porque los hechos referidos en las presentadas serían anteriores a 2014, por lo que estarían afectados por la inviolabilidad del monarca emérito.

De ahí que pida a la Sala Segunda del alto tribunal, a la que le corresponde investigarle a partir de entonces, porque perdió la inviolabilidad, pero mantuvo el fuero, que rechace la de las dos entidades catalanas, para evitar tener que cerrar sus diligencias de forma prematura.