El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reiterado al juez del caso Kitchen que no puede entregar el teléfono móvil que tenía en 2013 porque ya no está en su poder, aunque sí atenderá el requerimiento de darle el anterior al actual, es decir el que usaba hasta abril de 2020.

La defensa de Fernández Díaz responde así, en un escrito al que ha tenido acceso EFE este lunes, al auto que dictó el juez Manuel García Castellón tras el careo entre el exministro y su ex número dos en Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos investigados por el espionaje a Luis Bárcenas para supuestamente sustraerle documentación comprometida para el PP y su cúpula.

El juez pidió el móvil para comprobar si en él permanecían o no los mensajes que Martínez dice haber recibido del exministro, y de cuya existencia dejó registro notarial, en los que le daba instrucciones sobre ese espionaje pero que Fernández Díaz niega haber enviado.

El magistrado cree que el teléfono del exministro ha adquirido la condición de "verdadero cuerpo del delito", algo que causa "asombro y perplejidad" a su defensa, que no entiende por qué no se le pide el móvil al ex secretario de Estado y se hace de forma "persistente" a Fernández Díaz.

"Se está produciendo una especie de inversión de carga de la prueba, exigiendo al señor Fernández Díaz que pruebe que no envió los reiterados mensajes", lamenta el escrito, que recuerda que aportó un informe pericial que cuestiona la autenticidad de los mensajes.

El exministro presentó un informe pericial que sostiene que los "presuntos mensajes presentan notables irregularidades" que les hacen "adolecer de una alta probabilidad de manipulación, lo que impediría que fueran tomados como veraces y que estuvieran revestidos de las características de autenticidad e integridad exigibles a estas evidencias".

En cualquier caso, el exministro aportará el teléfono que usaba antes que el actual, hasta el 20 de abril, pero pide al juez que aplique una serie de medidas de seguridad y que se limite a examinar si están o no los mensajes de los que habla el otro investigado.

También reclama la estricta confidencialidad sobre el contenido del teléfono y recuerda que el terminal de quien ha sido ministro del Interior durante cinco años "puede contener información muy sensible" ajena a este caso.

Por eso -afirma- se negó a entregarlo el pasado viernes 13 de noviembre, cuando se solicitó que lo hiciera.