Las modificaciones para la escuela concertada ha sido uno de los puntos más broncos de la Lomloe o ley Celaá, norma con la que el Gobierno pretende acabar con algunas prácticas que se han venido desarrollando en relación a este tipo de enseñanza, como es la cesión de suelo de titularidad pública para edificar estas escuelas o las cuotas que las familias deben abonar en buena parte de estos centros, un cobro al que desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) reclaman que se le ponga coto. Así lo destacó la directora general de la institución, Elena Cid, quien remarcó que la nueva Lomloe «es una oportunidad para regular estas prácticas irregulares» y conseguir con ello «una gestión responsable de los fondos públicos».

No en vano, según los datos del informe elaborado por la consultora Garlic y presentado por la propia Cicae junto a la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa), hasta un 90 % de los centros concertados cobran cuotas mensuales. En esta línea, en la mayoría de ellos -casi uno de cada diez- estos cobros son además obligatorios, medidas que van contra lo fijado en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la cual establece que en aquellos centros sostenidos con fondos públicos se debe garantizar la gratuidad de la enseñanza.

Del mismo modo, la investigación realizada en un total de 336 centros educativos -de los cuales solo el 45 % aporta algún tipo de documento que indica los precios de las cuotas y solo uno de cada cinco especifica los conceptos por los que estas se cobran- apunta a que esta realidad varía considerablemente dependiendo de escuelas y autonomías, ya que por ejemplo la cuota base media en Cataluña asciende a 255 euros -yendo la horquilla de las contribuciones desde los 75 euros hasta los 950-, casi cinco veces más que la cifra promedio que se recoge en Galicia.

Este punto resulta relevante si se tiene en cuenta, como remarca el informe, la ‘voluntariedad’ de las mismas. Si se establecen pagos más altos y estos son además obligatorios, esta medida limita automáticamente las posibilidades de las familias para poder acceder a esas enseñanzas. Además, según las cifras recogidas por la consultora, en un 10 % de los casos analizados el impago de la cuota acabó provocando la exclusión del estudiante en algunas actividades.

Frente a ello, María Carmen Morillas, portavoz de Ceapa, asegura que se trasladará la información al Ministerio de Educación, las consejerías autonómicas o las asociaciones de consumidores, ya que «no se está respetando el derecho de Educación del niño en los centros sostenidos con fondos públicos». «La Administración debe arbitrar los mecanismos adecuados para evitar la desprotección de las familias ante estas irregularidades», concluye la responsable de la confederación.

Rechazo entre los estudiantes

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes también ha mostrado su rechazo a la Lomloe, pero por razones bien diferentes. «Decimos con rotundidad que no apoyamos esta ley porque nos parece insuficiente; la educación pública necesita una revolución», señaló ayer la secretaria general del Sindicato, Coral Latorre. «No nos conformamos con echar atrás la Lomce, queremos una nueva ley educativa, exigimos al Gobierno que no repita los errores del pasado y ponga en marcha un plan de rescate urgente para la escuela pública», afirmó Latorre. A su juicio, la ley Celaá es una vuelta a la LOE de 2006, pero sin tener en cuenta la «realidad», es decir, las actuales necesidades del sistema, la pandemia o la crisis económica.