El PP ha bloqueado una iniciativa de la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, que pretendía endurecer el Código Ético al que están sujetos los altos cargos del Ejecutivo regional para reprobar la actuación de los responsables de Salud que se saltaron el turno de vacunación. Ballesteros, que entró al Ejecutivo en representación de Ciudadanos, envió a principios de esta semana su propuesta para modificar el Código de Conducta a la plataforma utilizada por los secretarios generales de las consejerías que se encargan de preparar el orden del día del Consejo de Gobierno, pero la retiró antes de que se cerrara la lista de los asuntos que debían tratarse este jueves, con lo que se han salvado los directivos vacunados, que han seguido en el cargo de forma provisional para evitar un relevo en plena tercera ola.

El Código es una norma aprobada antes de que se firmara el acuerdo de coalición con Ciudadanos que carece de valor legal, aunque marca una pautas de carácter moral teóricamente ineludibles para los cargos públicos. Establece las buenas prácticas a seguir en cada caso por los representantes políticos para garantizar la transparencia y alejarse de las corruptelas.

Ante las dimensiones que ha adquirido el escándalo de las llamadas 'vacunas VIP', Cs consideró necesario añadir al catálogo de reglas de conducta "el respeto escrupuloso a los protocolos sanitarios establecidos para la gestión de la pandemia, especialmente en lo que se refiere a los turnos de vacunación".

En el documento que la consejera remitió a la Comisión de Secretarios generales para que fuese incluido en el orden del día del Consejo de Gobierno de este jueves, Ballesteros explica que en la actual situación de "crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia", el Ejecutivo ha adoptado decisiones que "han hecho crecer el escepticismo y la desconfianza ciudadana hacia quienes asumen responsabilidades públicas".

Para evitar que su solvencia se vea comprometida, la responsable de Transparencia defiende que "todos sus cargos públicos deben proyectar una imagen de credibilidad y certeza, siendo especialmente cautelosos en el cumplimiento de sus obligaciones".

Por ello propone "actualizar el apartado IV del Código", referido a los "valores éticos, principios de buenas prácticas y normas de conducta y actuación", para introducir el obligado respeto a las recomendaciones de las autoridades sanitarias por parte de los políticos "tanto en su vida personal como profesional".

Cs ve la actuación de su socio de gobierno como una intromisión. Sin embargo, la Consejería quita importancia a las interferencias del PP y responde que ha considerado oportuno dar "participación a la ciudadanía" incorporando la propuesta a una encuesta destinada a medir la percepción de la corrupción que ha puesto en marcha entre los funcionarios y que se realizará después fuera de la Administración regional.

Ciudadanos acusa a su socio de "presionar" a la titular de Transparencia para evitar que los cargos públicos de la consejería de Salud que continúan en el puesto después de la dimisión de Manuel Villegas tuvieran que seguir los pasos de su antiguo jefe con el argumento de que sería contraproducente, porque todavía no está controlada la tercera ola de la pandemia. Sin embargo, para la formación naranja la intervención del PP resulta una injerencia en la actuación de sus consejeros que contraviene las pautas del acuerdo de coalición y es una falta de respeto a la independencia de sus consejeros.

42 minutos por diputado para consultar la lista

Los cinco diputados del PSOE, Vox y Podemos que pidieron al Gobierno la lista de vacunados podrán consultarla hoy después de que se cree en la Asamblea la comisión de investigación sobre las 'vacunas VIP'. La comisión se constituye a las 8.00 horas en Cartagena, a 50 kilómetros la sede de Salud, en Murcia, donde de 9.30 a 13.00 horas les serán facilitados los 50.000 nombres. Podemos ha protestado porque cada diputado dispondrá solo de 42 minutos para "buscar una aguja en un pajar". No acudirá ningún diputado de Cs.