El Gobierno defiende la "tolerancia" jurídica de cara a las expresiones artísticas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido, preguntada por la detención del rapero Pablo Hasel, que en la libertad de expresión de "reflexiones artísticas, culturales e intelectuales" debe existir una "horquilla de comprensión y tolerancia" propia de una "democracia madura".

Calvo ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y, aunque no ha entrado a pronunciarse acerca del arresto de Hasel este martes, sí ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha una reforma de los delitos en el ámbito de la libertad de expresión.

En este sentido, ha indicado que la pena de prisión "no procede" en el caso de infracciones derivadas de este derecho que "no conllevan riesgo para la seguridad de las personas".

"Pensamos -ha continuado- que, en el paraguas amplio y protegido de las reflexiones artísticas, culturales e intelectuales, en el ámbito de la libertad de expresión tiene que haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra".

En esa dirección, ha indicado Calvo, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y se encamina la reforma iniciada ya por el Ministerio de Justicia.

El departamento de Juan Carlos Campo estudia en concreto la posibilidad de reformar varios de los denominados "delitos de expresión", como el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el de odio, injurias a la Corona y delitos contra los sentimientos religiosos.

Por algunos de ellos fue condenado el rapero, detenido esta mañana en el rectorado de la Universidad de Lleida, donde llevaba encerrado desde este lunes, para cumplir su condena a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo.

Sobre Hasel pesan varias condenas: la primera, de 2014, a dos años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda, y que la Audiencia Nacional dejó en suspenso; y la segunda, de nueve meses de prisión por el mismo delito y otro de injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad.

Además, en 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, y en 2018 por allanamiento de local, sentencias que todavía no son firmes.