La titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona ha confirmado el procesamiento del expresidente catalán Quim Torra en su segunda causa por desobediencia, por desoír una orden judicial para que retirara una pancarta con lazos amarillos del Palau de la Generalitat.
En su auto, que se puede impugnar ante la Audiencia de Barcelona, la magistrada rechaza el recurso presentado por la defensa de Torra contra su decisión de dejarle a un paso de juicio por desobediencia y remite el caso a la Fiscalía para que, en su caso, presente escrito de acusación contra el expresident.
La segunda causa por desobediencia contra Torra deriva de su decisión de no acatar una orden de septiembre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que retirara del balcón de la Generalitat una pancarta con un lazo amarillo que estaba colgada desde mayo para pedir la libertad de los "presos políticos y exiliados".
La causa se empezó a investigar en el TSJC, pero se remitió a los juzgados de Barcelona cuando Torra perdió su condición de aforado a raíz de su inhabilitación como presidente de la Generalitat tras ser condenado por desobediencia al desoír una orden de la Junta Electoral para que sacara los símbolos pro-presos de los edificios públicos en el período previo a los comicios.
"Sin que ello implique hacer valoraciones anticipadas, la conducta del investigado demuestra indiciariamente una contumaz rebeldía frente a lo ordenado", advertía la juez en su auto, que ahora acaba de ratificar.
La instructora ha descartado igualmente el recurso que presentó la plataforma Impulso Ciudadano, entidad que ejerce la acusación popular en la causa y cuya demanda fue la que, en septiembre de 2019, motivó el ultimátum del TSJC a Torra para retirara la pancarta con el fin de preservar la "neutralidad" del edificio de la Generalitat siempre, no solo en campaña electoral.
Impulso Ciudadano pretendía imputar también a Quim Torra por la pancarta que el 3 de enero de 2020, con motivo de una concentración de protesta independentista, fue colgada en el balcón del Palau de la Generalitat, donde permaneció durante unos diez días.
Según el auto, en el transcurso de esa concentración Torra desplegó y mostró esa pancarta -junto a la presidente de la ANC, Elisenda Paluzie-, pero la juez considera que no hay constancia de una prolongada exhibición de ese símbolo en el balcón de la Generalitat que pueda considerarse "penalmente relevante".
La orden judicial que ha motivado esta segunda causa por desobediencia contra Torra la dictó en septiembre de 2019, como medida cautelar, la sala contenciosa del TSJC.
El entonces presidente de la Generalitat desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d'Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos del Palau "de forma inmediata".
Ante esta situación, fueron los Mossos d'Esquadra quienes acabaron retirando la pancarta, con el lema en catalán e inglés "Libertad presos políticos y exiliados" y flanqueada con un lazo amarillo.
Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Sílvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".
