El TS revisa la condena a 'Kichi' por calumniar al anterior gobierno del PP

El Tribunal Supremo revisa este miércoles la sentencia que condenó al alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', a pagar una multa de 5.400 euros por asegurar en una asamblea de vecinos que el anterior equipo de gobierno, del PP, suministró "a sabiendas" agua contaminada al barrio de Loreto.

La Sala de lo Penal se reúne a partir de las 10.00 horas para la deliberación y fallo del recurso de casación presentado por el regidor gaditano contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que le consideró responsable de un delito de calumnias. El ponente será el magistrado Miguel Colmenero.

Además de los 5.400 euros de multa, el tribunal le impuso una indemnización de 6.000 euros a la exalcaldesa Teófila Martínez y al expresidente de Aguas de Cádiz y exconcejal popular Ignacio Romaní.

Los hechos se remontan a marzo de 2016 cuando en una asamblea de vecinos el alcalde afirmó: "no hay explicación que justifique dejar a sabiendas a un barrio consumir agua contaminada durante varios días", según recuerda la sentencia de la Audiencia de Cádiz.

En aquella asamblea el alcalde y sus ediles expusieron a los vecinos el resultado de un informe sobre el episodio de contaminación de aguas que obligó en 2014 a cortar el servicio durante varios días al barrio de Loreto de la capital gaditana y en el que se apuntaba que se tuvo conocimiento de la presencia de bacterias antes de cerrar el suministro.

Pese a que no fueron nombrados directamente, la exalcaldesa y el exconcejal entendieron que se trataban de acusaciones directas contra ellos, por lo que llevaron el caso ante la Justicia.

En julio de 2018 el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz absolvió al edil, pero la Audiencia estimó el recurso de Teófila Martínez y condenó al alcalde por calumnias, con el criterio en contra de la Fiscalía que siempre abogó por la absolución.

Él regidor recurrió al Supremo porque dijo estar "absolutamente convencido" de que "en el barrio de Loreto se suministró agua no apta para el consumo durante 14 días", al tiempo que rechazó dimitir por la sentencia ya que precisó que una condena por calumnias "no es lo mismo que meter la mano en las arcas públicas".