El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha prometido este martes reactivar la justicia universal, cercenada en 2014, pero ha evitado poner fecha a una reforma que, ha recordado, está en el pacto de gobierno del PSOE y Podemos.
En el pleno del Senado, el parlamentario del PNV Imanol Landa le ha instado acometer en esta legislatura una reforma que "posibilite una justicia universal completa y plena, sin limitaciones y sin cortapisas", aunque Campo ha dejado entrever que será complicado regresar a la situación previa a 2009.
Ese año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recortó la jurisdicción universal para que sólo pudieran enjuiciarse los delitos de genocidio o lesa humanidad cuando las víctimas o los presuntos autores fueran españoles y la reforma de 2014, impulsada por el PP, exigió que los autores fueran españoles o estuvieran en España.
Esta última reforma supuso el archivo de la mayoría de los casos abiertos y hasta el PP se avino en 2018 a corregirla, pero ninguna iniciativa llegó a ver la luz.
El titular de Justicia ha reconocido que la regulación actual es "ciertamente deficitaria", pero no ha querido poner fecha a la reforma y ha hecho hincapié en que muchos de los proyectos legislativos en marcha refuerzan también la protección jurídica internacional.
El senador del PNV, por su parte, la ha recordado que durante muchos años el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitió investigar "crímenes horrendos" en países como Chile, Guatemala o China, se convirtió en una referencia en la lucha contra la impunidad.
En su opinión, ha llegado el momento de volver a abrir "esa ventana a la esperanza de una justicia global "se produzca donde se produzcan y sean quienes sean los victimarios y las víctimas".
