La segunda regularización fiscal presentada por el rey emérito se conoció este jueves, justo en el momento en el que los fiscales del Tribunal Supremo encargados de las diligencias abiertas en su contra estaban pendientes del resultado de varias comisiones rogatorias cursadas para avanzar en las pesquisas y que, dependiendo de su resultado, pueden concluir en la interposición de una denuncia contra Juan Carlos I. Una de ellas, que está dirigida a Mónaco para interrogar a su primo Álvaro de Orleans, creador de la fundación Zagatka, está directamente relacionada con el motivo alegado por el exmonarca para ponerse al día con Hacienda, informaron a El Periódico de Catalunya fuentes fiscales. De Orleans es sin duda de la persona que más puede decir sobre el motivo por el que se pagaban vuelos a Juan Cartos I, que ahora el emérito se ha sentido en la obligación de declarar como deuda fiscal contraída.
Este viernes el abogado del rey retirado, el exfiscal Anticorrupción Javier Sánchez-Junco, confirmó con un comunicado la segunda regularización ante el fisco. En la nota concreta que ha pagado 4.295.901,96 euros con “intereses de demora y recargos” por "las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados" por el emérito "de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas" de esta forma, sostiene.
Desde el minuto uno
La fiscalía del Supremo tiene abiertas tres diligencias de investigación en relación con el emérito y aunque ninguna menciona expresamente los vuelos sufragados por Zagatka, estos ya aparecieron en la conversación que en 2015 la expareja del rey Corinna Larsen mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo y que dio origen a las pesquisas relativas a la presunta comisión de 65 millones de euros recibida de la monarquía saudí por la construcción del AVE a La Meca. Según la empresaria, Álvaro de Orleans sufragaba los viajes de su primo como su testaferro por residir en Mónaco.
Cuando declaró como testigo ante el fiscal suizo Yves Bertossa, De Orleans lo negó y sostuvo que todas las propiedades y cuentas a su nombre son suyas y no del emérito, entre ellas la fundación que creó con Arturo Fasana para, según su versión, ayudar a las monarquías europeas cuando lo necesitaran conforme le había encomendado su padre, como también contó en una entrevista a ‘El País’. Sí admitió uno de los datos facilitados por la princesa alemana: que pagaba los viajes en avión privados a su primo. Lo justificó en la amistad que les une y para evitar que apareciera en listas oficiales de pasajeros. Lo hizo entre 2007 y 2018 por unos tres millones de euros.
Ahora el monarca retirado parece que da otra explicación para ponerse al día con Hacienda, lo que puede tener consecuencias tanto en las diligencias abiertas en España como en Suiza, si lo ya declarado por terceros contradice lo manifestado en la última regularización fiscal. El monto por el que se ha realizado superaría esos tres millones reconocidos por De Orleans. El sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA calcula que lo aflorado asciende a más de siete millones. El interrogatorio de Álvaro de Orleans solicitado por el ministerio público adquiere por todo ello una trascendencia aún mayor.
La fiscalía también aguarda, además, la respuesta de las autoridades de la isla de Jersey en relación con la comisión rogatoria que ha cursado para poder profundizar en la tercera de las diligencias abiertas en relación con el emérito, en concreto, la relativa a los fondos que presuntamente guarda en este paraíso fiscal del Canal de La Mancha.
Mientras tanto, personas cercanas Juan Carlos I fueron dejando caer durante todo el día que los 4,4 millones sufragados ahora para ponerse a bien con el fisco proceden de préstamos de amigos, sin que conste cuántos ni quiénes se han ofrecido a ayudarle, pero sí que los préstamos se formalizaron ante la Agencia Tributaria de Madrid y no tributan por no ser donaciones. En cualquier caso, la regularización, al igual que la presentada en diciembre, será estudiada al detalle por la Fiscalía, para determinar a qué se refiere, de dónde proceden los fondos y si cumple con su objetivo de saldar la deuda fiscal contraída. Es un trabajo que lleva tiempo. De hecho el ministerio público aún no tiene el informe de los peritos de Hacienda sobre la anterior, lo que le impide pronunciarse sobre si los 678.393 euros que aportó entonces eran suficientes para neutralizar la segunda de las diligencias fiscales abiertas, la relativa al pago con tarjetas opacas por él y sus familiares directos, aunque no a Felipe VI, Letizia y sus hijas.
Reproches mutuos
El sindicato GESTHA emitió otra nota advirtiendo de que Juan Carlos I podría librarse de responsabilidades penales por “la lentitud” con que están actuando la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Agencia Tributaria. Ransés Pérez Boga, presidente de la organización Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), salió al paso de las acusaciones de inacción contra la Agencia Tributaria: "Hacienda no tenía competencia para hacer más de lo que ha hecho, porque es un procedimiento que se inicia en la Fiscalía y al que la Agencia Tributaria ha sido llamada en calidad de auxilio judicial". Desde el ministerio público se remiten al funcionamiento habitual de la Agencia Tributaria con cualquier otra persona, ya que es en los informes de los expertos de Hacienda en los que basa su acusación la fiscalía.
