Diez comunidades autónomas -las cuatro que albergan el 95% de la población de lobos Castilla y León, Galicia, Asturias, y Cantabria, más el País Vasco, Andalucía, Murcia, Aragón, Madrid y Ceuta- junto a las tres principales organizaciones agrarias del país -COAG, Asaja y UPA-, han suscrito una carta abierta en apoyo “a una gestión del lobo ibérico basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia”.
Se hace también un llamamiento al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para “volver al escenario de consenso y diálogo, renunciando a continuar con la tramitación de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Es el acuerdo alcanzado ayer durante la videoconferencia mantenida entre los representantes políticos y agrarios, donde se ratificó el apoyo a la gestión del lobo ibérico “en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales y siempre basada en la mejor información disponible y en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva”.
El documento defiende la compatibilidad del estatus legal de la especie con los valores culturales, científicos o ecológicos
Tras puntualizar que se “respeta” la independencia del Comité Científico y de aquellas personas que abogan por la inclusión del Lobo Ibérico en el Lespre. “Con la misma rotundidad exigimos respeto al trabajo que desde hace años vienen realizando los técnicos de las diferentes Comunidades Autónomas, que a su formación académica añaden la experiencia en la gestión cotidiana de la especie en un mundo real en el que además de las consideraciones ecológicas deben tenerse muy en cuenta las de tipo social y económico que, en un medio humanizado como es el que habita el lobo, son componentes muy relevantes”. El documento consensuado niega que “la consideración de los indudables valores culturales, científicos o ecológicos del lobo sea incompatible con su actual estatus legal de la especie. Esos valores y el objetivo de conservar la especie son la piedra angular de los planes de gestión de las Comunidades Autónomas”.
Los firmantes defienden la actual estrategia, vigente desde 2005, como “un punto de encuentro entre las Comunidades Autónomas responsables de la conservación y gestión directa de la especie y el Ministerio con competencias en Medio Ambiente con funciones de coordinación y establecimiento de criterios orientadores y normativa básica. Apoyamos su actualización y recordamos que ha sido el marco de referencia en la gestión de la especie y ha permitido que el lobo haya incrementado tanto su área de distribución como su número en gran parte del país”.
“Damos la bienvenida al Gobierno de España a la realidad de la gestión del lobo, pero rechazamos tajantemente que sus anuncios de apoyar al sector ganadero en las zonas loberas y a las Comunidades Autónomas, que llevamos años cargando en solitario con las derivadas sociales y económicas que implica la gestión del lobo, supongan aceptar que la especie sea incluida en el Lespre”. Y tal y como han venido demandando las organizaciones agrarias, la carta formada ayer precisa que “tales apoyos nunca deben hacerse a costa de detraer fondos de otras medidas en una futura PAC, ya de por sí muy condicionada en sus presupuestos, y no precisan que el lobo cambie su estatus legal”.
Apoyo incondicional a la ganadería extensiva
Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias inciden en su “apoyo incondicional a la ganadería extensiva, fundamental en la economía de las zonas rurales, y que precisa en las zonas loberas de un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de la reducción de los daños y la justa indemnización cuando estos se produzcan”.
Los firmantes de la carta apuesta por una nueva Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, “partiendo de las lecciones aprendidas de la aplicación de la Estrategia de 2005, desde la plena lealtad institucional y con la participación de los representantes de los sectores interesados: administraciones, ganaderos, propietarios de terrenos, expertos, conservacionistas y científicos”.
