El consejo de administración de Patrimonio Nacional asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores de la tripulación del yate Fortuna, al que el rey Juan Carlos I renunció en el año 2013, y que ascendieron a 1,23 millones de euros.
En una respuesta escrita del senador de Compromís, Carles Mulet, el Gobierno explica que, tras renunciar el monarca a la embarcación, se puso fin al contrato de mantenimiento del yate que Patrimonio Nacional tenía suscrito con la empresa Unión Naval Valencia.
Señala que el consejo de administración de Patrimonio Nacional asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores, de 1,23 millones de euros, tramitando para ello un crédito extraordinario financiado mediante una transferencia del Ministerio de la Presidencia.
En la respuesta, el Gobierno explica que para asumir este gasto, se tramitó una transferencia de crédito desde el programa presupuestario de imprevistos, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que aprobó una serie de créditos para la actividad ordinaria del organismo Patrimonio Nacional.
