Otro presunto donante del PP, el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, Adolfo Sánchez, ha desmentido a Luis Bárcenas, y ha negado haber hecho los pagos que a nombre de "Adolfo S." y "Adolfo Sánchez" figuran en los papeles del extesorero por un total de 98.000 euros entre 2006 y 2008.
"Absolutamente no", ha respondido Sánchez en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por la supuesta caja b del PP a la pregunta de si era él la persona que aparecía vinculada a esos numerosos pagos reflejados en la contabilidad "extracontable" de Bárcenas.
Sobre este testigo, el extesorero del PP, que se enfrenta a 5 años de cárcel en este juicio, declaró que donaba para que el PP le ayudase con medidas legales en beneficio del colectivo que representaba.
Le consiguieron, según relató, una reunión con el ex secretario general, Ángel Acebes, para legislar teniendo en cuenta a este sector. "Nos dijo que lo había intentado con el PSOE y ahora con nosotros", señaló el extesorero.
"He ido muchísimas veces a la sede del PP", ha reconocido el testigo, pero ha destacado que solo fue "para pedir ayuda económica para la Fundación" y porque el encargado de "problemas sociales" del PP Julio Sánchez Fierro "hacía un programa de radio al que fui invitado varias veces".
Esta es la versión que también mantuvo Acebes en su testifical al señalar que Sánchez había acudido a la sede de la calle Génova para intentar conseguir ayudas.
En lo que sí ha coincidido este testigo con Bárcenas es en que pidió también esa ayuda al PSOE en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha señalado que le expuso más de un centenar de ejemplos de ayuntamientos y diputaciones "en los que la tartamudez era causa de exclusión para el empleo público en 2005, en pleno siglo XXI".
Como ha ocurrido en otras sesiones, a Bárcenas, en prisión por el caso Gürtel, le han vuelto a catalogar como alguien "muy hermético" que estaba "encerrado en su despacho" y que solo decía "hola y adiós cuando te cruzabas con él", según un antiguo empleado del PP.
En una jornada eminentemente técnica, el tribunal ha escuchado a varios asesores fiscales y a una abogada que trabajaron para Unifica, la empresa que realizó las obras de la sede del PP y que se sospecha pudo pagarse en parte con dinero negro.
Han indicado que trabajaban con la documentación que les remitía la empresa, en la que vieron que las facturas habían sido "debidamente contabilizadas y declaradas", según ha dicho uno de ellos; y han señalado que no comprobaron la reguralización de fondos realizada en 2012 por los socios, Gonzalo Urquijo y Belén García, acusados en este juicio.
Una abogada ha relatado una reunión de julio de 2013, cuando ya habían salido a la luz los "papeles de Bárcenas", a la que Urquijo llegó con una carpeta blanca de anillas con toda la documentación, y en la que se dedicaron a cotejar las anotaciones del extesorero con las facturas emitidas al PP y los cheques abonados.
Estuvieron, ha contado, "con una calculadora y unos 'post-it' intentando señalar los números que pudieran cuadrar" y "buscar la lógica" de dónde venían esas cifras. "Llegamos a la conclusión de que había algunos numeros que se correspondían con algunos pagos y otros no fuimos capaces", ha indicado.
Este miércoles está previsto que declare el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel y de esta causa sobre la supuesta caja B del PP, y quien recientemente afirmó en el Congreso que en 2015 le apartaron de la UDEF para sobrecargarlo de trabajo y "calmar" al Gobierno del PP.
