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Crisis migratoria

Tantas demandas como hagan falta para que los migrantes puedan salir de las Islas

El abogado que ganó el auto frente al bloqueo de irregulares asegura que llevará a los tribunales los casos que sean necesarios para que la Policía cumpla la ley

Un migrante apoyado en la valla del campamento de Las Canteras.

Un migrante apoyado en la valla del campamento de Las Canteras.

El abogado que ganó el recurso contra el bloqueo de migrantes en los aeropuertos y puertos de Canarias sostiene que pondrá tantas demandas como sean necesarias para que la policía cumpla la ley. “Decidí llevar solo un caso a los tribunales, para no agotar los esfuerzos de los juzgados, porque entendía que se aplicará el principio de igualdad y lo que vale para un caso vale para todos”, explicó Daniel Arencibia. Quien advirtió que, si es necesario, planteará una demanda por cada persona a la que se impida viajar. “Si hay 300 demandas, la Policía y la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas serán condenadas 300 veces por no cumplir la ley”, detalló tajante el letrado.

El auto, dictado por el magistrado del juzgado de lo Contencioso-Aministrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba, ordena a las autoridades que se abstenga de impedir que un migrante llegado en patera a las Islas tome un vuelo a la Península, siempre que porte su pasaporte o una solicitud de asilo, y que sea compatible con las restricciones a la movilidad por la covid-19. El juez concede esta medida cautelar de amparo a uno de los muchos migrantes que en los últimos meses han denunciado que la Policía les ha retenido durante horas en el aeropuerto o en el puerto, hasta que pierden su vuelo o barco, a pesar de que cuentan con la documentación necesaria para viajar.

Interior mantiene que las retenciones responden a las restricciones por la covid-19

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En las últimas horas, según Arencibia, se registraron en Tenerife incidentes similares a los que denunció ante los juzgados. “Espero que la Policía corrija pronto las instrucciones que tiene de su Jefe Superior y que no sea necesario recordarle que, por el principio de igualdad, esta condición se aplica a todos los ciudadanos que estén en una situación similar”, aseveró el abogado, quien confía en que el Ministerio del Interior se adapte pronto a los criterios que les han dado desde el juzgado y no continúen con las actuaciones ilegales. Asimismo, detalló que “con la excusa de un control covid, se ha instalado un control de extranjería” en los puntos de salida.

El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, reiteró ayer la postura de que “no hay restricciones a la movilidad de las personas, migrantes o no, salvo aquellas derivadas de las medidas impuestas por las distintas comunidades autónomas frente al covid”. En esta línea, la Delegación del Gobierno en Canarias añadió que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden realizar las comprobaciones documentales pertinentes para determinar si una persona está o no en situación regular en España”.

Ante la postura del Ministerio y la Delegación, el abogado sostiene que “ponerse una venda en los ojos para negar que algo está ocurriendo impide poner soluciones al problema”. Además, insistió en que se “están vulnerando derechos fundamentales, lo que deja a Canarias en una posición de isla cárcel, algo que no está permitido por la Constitución”. Arencibia, quien presentó la demanda junto al letrado Francisco Morenilla, manifestó que les ha costado mucho probar estas circunstancias ante el juez, pero que tienen constancia de que “cientos, si no miles de migrantes” han vivido una situación similar.

Este letrado considera que ambos organismos deberían asumir que hay unos hechos sobre los que nos están bien informados y que van en contra de la ley, por lo que deben adoptar medidas para corregirlos lo antes posible. “No tiene sentido que desde la Subdelegación del Gobierno digan que no ocurre una cosa, cuando un juzgado le pide que deje de hacerla”, concluyó Arencibia.

El PSOE afea la postura de las formaciones que hacen política con la crisis migratoria

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Los socios de Gobierno del pacto de las flores no se muestran alineados ante esta sentencia. Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos en Canarias, lamentó que haga falta un auto de un juez para reclamar “lo que es legal y garantiza el respeto a la Constitución”. Además, se preguntó sobre cuál será la próxima excusa que plantee el Gobierno central para evitar que los migrantes con documentación salgan de las Islas por sus propios medios. En esta línea, el coordinador territorial de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, alegó que el auto supone “un severo correctivo a la política migratoria del Gobierno estatal” y espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez empiece a considerar “una política que no convierta a Canarias en un tapón migratorio y en una isla cárcel, que en el fondo es lo que pretendían”. También coincide con Fuentes en que “lo deseable es que este tipo de autos no fueran necesarios para que la cosas cambiaran”.

Por contra, el diputado nacional del PSOE Héctor Gómez afeó la postura de las formaciones que intentan hacer política con la crisis migratoria. “Estamos hablando de un drama humanitario, no de un instrumento para hacer política y desgastar al Gobierno”, subrayó Gómez. Quien negó de manera tajante que se estén utilizando las restricciones frente a la covid-19 como excusa para bloquear a los migrantes en el Archipiélago.

En los razonamientos jurídicos del auto se recoge una pregunta que el senador de Coalición Canaria (CC) Fernando Clavijo realizó al Ministerio del Interior sobre las instrucciones dadas a la Policía Nacional para impedir que los migrantes viajaran desde el Archipiélago a la Península. “Somos conscientes de la ilegalidad que se está cometiendo. Los sindicatos nos han transmitido que tienen órdenes del Ministerio para no dejarlos salir”, afirmó Clavijo, quien espera que el departamento de Marlaska cambie de actitud y deje continuar el proceso migratorio a quienes tienen los papeles en regla.

Las diputadas regionales Australia Navarro (PP) y Vidina Espino (Ciudadanos) explicaron que este auto confirma lo que sus formaciones llevan meses denunciando y esperan que a partir de ahora se permita viajar a los migrantes que están en Canarias, malviviendo en las calles o en los macrocampamentos.

El Gobierno canario se siente respaldado

El Gobierno de Canarias considera que el reciente auto judicial en el que se ordena a la Policía que no impida a un migrante llegado a las Islas que se traslade a la Península si cuenta con su documentación facilita y hace más cómoda su exigencia de que haya “derivaciones”. “Siempre dijimos que era de difícil respaldo legal limitar los movimientos de los migrantes cuando están documentados”, afirmó el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, quien subrayó que el Ejecutivo se siente “más cómodo” tras un pronunciamiento judicial que muestra que “nuestra posición no es solo política”. Pérez, que compareció en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, indicó que este asunto no se ha tratado en la reunión, pero el criterio del Ejecutivo es que “esta decisión nos hace más fácil” seguir demandando “las derivaciones” de inmigrantes al resto del territorio europeo. El auto judicial fue dictado por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba, quien ampara a uno de los muchos migrantes que en los últimos meses han denunciado que la Policía los bloquea, aunque cuenten con su documentación para viajar, cuando acuden a un puerto o a un aeropuerto a tomar un transporte a la Península.

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