La Fiscalía de Madrid ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid una denuncia por delito de odio contra Vox por su cartel contra los menores no acompañados, cuya retirada pide de manera cautelar, en el plazo más breve posible”, para proteger a estos “menores no nacionales que carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional", lo que les convierte en un colectivo “doblemente vulnerable”, tanto por la edad como por el desarraigo estructural que supone su origen extranjero, “lo que no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”.

La petición fiscal se extiende al cartel colgado de la estación de Sol de Metro y Cercanías de Madrid y de “todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario” contratado por Vox, que puede utilizarlo para otro fin.

Varios tipos delictivos

En la denuncia se recuerda que el delito de odio integra varios tipos delictivos en los que el bien jurídico protegido “es la dignidad de la persona, individualmente y como parte de determinados colectivos y que tienen en común la concurrencia en el actor de una concepción prejuiciosa hacia los mismos que determina su actuación de intolerancia excluyente hacia aquellos, lo que puede tener lugar de diferentes formas”.

La fiscalía entiende que con la retirada del cartel la dignidad y la seguridad de un colectivo tan vulnerable como son los menores no nacionales quedaría protegida “sin vulnerar el derecho de Vox de realizar propaganda electoral, puesto que el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada se solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña”.

En el polémico cartel se muestra a una mujer mayor, a quien se define como “abuela”, en contraposición con un joven “racializado de piel oscura, con la cabeza tapada con una capucha y la cara, por un amplio pañuelo”. A esa imagen "prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial" se suma la contraposición entre una pensión de 426 euros frente a un supuesto coste de 4.700 euros por parte de la Administración para mantener a los menores inmigrantes.