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Amenazas de muerte

Las cartas con bala se colaron por la contrata "más económica" de Correos

La investigación policial está pendiente de que Correos concrete el camino que han seguido los sobres

Imagen de un sobre con balas detectado por el escáner de Correos

El escáner y el vigilante que debieron detectar el envío de cartas con balas están encuadrados en una contrata de seguridad que fue elegida "por ser la oferta más económica", según figura en el anuncio oficial de adjudicación, publicado por Correos a finales de mayo de 2017. La firma INV Vigilancia, a la que Correos ha abierto un expediente, no fue la adjudicataria directa del servicio, sino CIS, Compañía Integral de Seguridad, sobre la que al poco un juzgado de lo Social extendió una calificación de insolvencia.

INV compró CIS y se hizo cargo de sus contratas. Pese a que está en fase de expansión internacional, INV no es una veterana en el mundo de la seguridad. Comenzó su relación con Correos como proveedora del sistema de maquinaria, incluidos los escáneres y, hace dos años, montó una división de vigilancia. Su primera expansión tuvo lugar a finales de 2017, por la compra a un precio simbólico de Seguriber, firma experta en obtener contratas públicas de seguridad, propiedad de la dirigente empresarial Mónica Oriol, que quebró en 2017.

INV compró la empresa quebrada y se hizo con sus contratas -y también sus deudas- en enero de 2018. Tras la compra de Seguriber, también compró la zaragozana Compañía Integral de Seguridad CIS, a finales de 2018.

CIS fue la adjudicataria -"por ser la oferta más económica y reunir todas las condiciones del Pliego", dice el anuncio oficial de adjudicación- de uno de los 12 lotes del concurso que para el periodo 2017-2020 convocó Correos por valor de 77,4 millones de euros para los "servicios de seguridad, vigilancia e inspección de correspondencia 2017-2020". Concretamente CIS consiguió el contrato del cuidado en las sedes operativas de Madrid y Barcelona, lote dotado con 2.786.996,17 euros.

Reformar los protocolos

La investigación de la Brigada de información de la Policía y el Servicio de Información de la Guardia Civil sobre los sobres con balas y amenazas de muerte enviados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia CivilMaría Gámez, y el exvicepresidente del GobiernoPablo Iglesias, está a la espera de un informe de trazabilidad de los sobres que ha de realizar Correos y aún no ha llegado.

Si los técnicos del servicio postal consiguen elaborarlo y el dosier indica en qué sacas de recogida estaban los tres sobres y las áreas de procedencia de cada saca antes de la llegada de las cartas al centro de procesamiento de Correos en el barrio madrileño de Vallecas -esperan fuentes policiales-, los investigadores del caso podrán analizar las imágenes tomadas por cámaras de seguridad en el entorno de buzones y oficinas postales y tratar de identificar a la persona o personas que envió las amenazas.

Buscar el camino seguido por un envío postal antes de su llegada a la oficina de proceso "es complejo", afirman fuentes no oficiales de Correos. La carencia de un sistema de trazabilidad automático ya se puso en evidencia en 2001, cuando, con ocasión de las guerras del Golfo, España se vio incluida en la amenaza de una oleada de envíos de cartas con polvo de ántrax en su interior, recuerdan esas fuentes.

Lo sucedido con las cartas con balas en esta ocasión, obliga a Interior a analizar los agujeros de seguridad postal y de paquetería en sedes oficiales. El escáner del Centro de Procesamiento de Correos en Madrid y la forma de manejo por los vigilantes no es el único sistema que entrará en revisión tras el incidente de las amenazas de muerte. También el sistema propio de seguridad postal de envíos a sedes policiales, militares y civiles del Estado, que ha quedado en evidencia.

Conflicto

"Una reevaluación no será completa si no aborda el problema profundo de seguridad, que es la elección habitual de las ofertas más baratas, a veces con baja temeraria, en las licitaciones de seguridad pública", asegura Diego Giráldez, secretario general del sindicato de Seguridad Privada de UGT. En Correos, los vigilantes culpan de lo sucedido a sus condiciones de trabajo.

La reacción oficial a la llegada de cartas con balas amenaza con enquistarse en un conflicto de Correos con sus propios vigilantes privados. Fuentes del colectivo en Madrid aseguran a EL PERIÓDICO la planificación de plantes y protestas si el trabajador de seguridad privada que no vio los sobres con munición de fusil es despedido u objeto de sanción.

La empresa estatal Correos ha abierto un expediente a la sociedad INV Vigilancia, que desempeña la contrata del llamado "servicio de seguridad, vigilancia e inspección de correspondencia en la sede de Madrid", que se adjudica cada cuatro años, y que precisamente en este 2021 toca renovar y ha salido de nuevo a licitación. En una carta enviada a la firma de seguridad, la dirección de Correos le pide a INV la "retirada inmediata del servicio" del vigilante al que se le pasaron las cartas.

El supuesto error de vigilancia se cometió a media tarde del 19 de abril en el Centro de Tratamiento Automatizado que Correos tiene en unas naves del distrito madrileño de Vallecas. En cada escáner de revisión, los agentes que sirven a la máquina pueden llegar a ver 6.000 sobres en siete horas de trabajo, apuntan fuentes del colectivo.

Apartado

El vigilante, según las mismas fuentes, se encuentra "afectado por el suceso", y no había dejado de trabajar en su puesto tras trascender el incidente, hasta que INV lo ha apartado a partir de este lunes del servicio. La media no implica pérdida del salario, indican en su entorno.

El empleado, que lleva varios años en su puesto sin ninguna sanción, había trabajado antes en Correos para Seguriber. "Nok es ningún novato", indican compañeros suyos, y está en posesión de los conocimientos de un curso de radioscopia para vigilantes de seguridad y accesos que le habilita para su misión. "Dudamos, en cualquier caso, de si la máquina está en perfectamente actualizada, y de si tiene todas las habilitaciones que indicará una auditoría de seguridad que ha pedido UGT", dice el ugetista Diego Giráldez.

UGT, que tiene la mayoría en el comité de empresa de INV, cierra filas con el trabajador mientras no se sustancie la investigación abierta. "Es inadmisible que se apunte al empleado sin reparar en las condiciones de trabajo, ni se analice el problema profundo de la forma de contratación de estos servicios que llevan más de diez años siguiendo las entidades públicas, a base de escoger sistemáticamente la plica más a la baja", lamenta Giráldez, cuyo sindicato exige una nueva auditoría completa, en la que no deje de haber datos sobre la carga de trabajo que cada agente de seguridad privada tiene en la sede operativa de Correos en Madrid.

Reunión con el Gobierno

Después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se haya solidarizado con el trabajador apartado calificando de "indecencia" que las culpas recaigan en su persona, el sindicato ha pedido al Gobierno la apertura de una mesa que analice las fórmulas de concesión de contratas de seguridad privada por el conjunto de las administraciones. "Es una mesa que debe aportar más calidad en el servicio", opina Giráldez.

Por su parte, CCOO emitió este lunes un comunicado en el que propone "abordar con rigor la búsqueda de soluciones a la problemática" cristalizada en Correos a causa del "trasvase y externalización de la actividad, subcontratación de determinados servicios, falta de inversiones y precarización de las condiciones laborales en el operador público postal". 

El sindicato pide "una revisión minuciosa" del sistema de seguridad y "de los pliegos de contratación en la adjudicación de servicios".

La Unión Sindical Obrera, por su parte, ha rechazado que se utilice como "cabeza de turco" al vigilante para tapar "una pésima política de seguridad en Correos" y han pedido que se aparte de la investigación al director de seguridad.

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