Una "encuesta metodológica" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elaborada antes de las elecciones a la Asamblea de Madrid del pasado martes, culpa de la crispación de la campaña electoral en primer lugar al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y, en segundo lugar a la de Vox, Rocío Monasterio.
El sondeo, elaborado entre el 27 de abril y el 3 de mayo, y que fue denunciado por el PP ante la Junta Electoral al no ser informado de su contenido como estipula la normativa, no hace proyección de la estimación de voto ni del reparto de escaños, pero sí pregunta a los ciudadanos por el desarrollo de la campaña.
Un 94 por ciento de los encuestados aseguraba que había "mucha" o "bastante" crispación y tensión política durante la campaña y un 41,4 por ciento responsabilizaba de esta situación a Vox, en tanto que un 36,5 la atribuía a Unidas Podemos. El PP era el culpable para un 6,4 por ciento y solo un 1,5 culpaba al PSOE, en tanto que un 8,6 señalaba a todos los partidos por igual.
Cuando se les pregunta por los candidatos y la crispación, los ciudadanos culpan en primer lugar a Iglesias, citado por un 39,8 por ciento, seguido de Monasterio, con un 31,9 por ciento, mientras que Isabel Díaz Ayuso, del PP, es mencionada por un 11,7 por ciento de los madrileños.
Edmundo Bal, de Ciudadanos, y Mónica García, de Más Madrid, apenas son citados por un 0,2 por ciento de los encuestados como principal culpable de la crispación durante la campaña.
El pasado 27 de abril, el PP denunció ante la Junta Electoral de Madrid que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estaba realizando esta encuesta sobre los comicios sin que lo hubiera comunicado a los partidos como es preceptivo.
En su escrito, el PP recordaba que no se pueden publicar encuestas desde cinco días antes de las elecciones, por lo que el sondeo, de difundirse, estaría violando la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Fuentes del CIS indicaron entonces que la encuesta no se iba a hacer pública en ningún caso antes de las elecciones -lo impide la ley- y que se trataba de un estudio de uso interno para conocer mejor el comportamiento de los votantes y, sobre todo, de los indecisos, de cara a futuros sondeos electorales.
Las fuentes del CIS negaron además que estuviera compartiendo la información con el Gobierno.
Por contra, el PP alegó que se trataba de una encuesta de "claro tinte electoral" que debía ser puesta en conocimiento de todas las formaciones concurrentes a las elecciones, "más aún cuando existe el claro riesgo" de que fueran puestas en conocimiento del PSOE, el partido del presidente del CIS, José Félix Tezanos.
