El juicio de la caja b del PP ha entrado esta semana en su recta final. A punto de quedar visto para sentencia, el abogado del principal acusado, el extesorero Luis Bárcenas, optó por un informe más próximo al de las acusaciones que al de los compañeros de la defensa con los que comparte estrados, en la línea de colaboración que mostró su cliente con el escrito en el que asumió el pago en negro por el PP de las reformas que realizó en su sede, en la madrileña calle de Génova.

El letrado Gustavo Galán defendió la veracidad de los apuntes contables que Luis Bárcenas realizó durante años con las entradas y salidas de dinero negro que se producían en el partido gracias a las donaciones en efectivo que hacían empresarios luego beneficiarios de adjudicaciones públicas, aunque pudieran contener algún error.

Para sostenerlo recordó cómo las anotaciones relativas a los sobresueldos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy coincidían en el tiempo con su incorporación al Gobierno y se preguntó por qué nunca se compararon las anotaciones de Bárcenas con la contabilidad oficial o se le entregó al auditor del partido para que la tuviera en cuenta en su trabajo.

Testigos ratifican audios

Y en cuanto al hecho de no disponer de nuevas pruebas que aportar se remitió a la 'operación Kitchen', pero recordó que los periodistas que han comparecido como testigos ante el tribunal no han negado que existiera la grabación al extesorero Álvaro Lapuerta sobre la caja b, aunque se remitieran a su secreto profesional. Respecto a la relativa al exsecretario general Javier Arenas, el abogado sostuvo que una conversación semejante no se puede no recordar y apuntó a que el exlíder del PP admitió que ante problemas remitía al presidente del partido.

El abogado defendió la actuación del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral en el procedimiento, aunque no le aplique atenuante alguna a Bárcenas por confesión o reparación del daño a diferencia de alguna de ellas. No obstante, pese a que asume los hechos que se le imputan, sostiene que no puede ser condenado por asociación ilícita ni por apropiación indebida por la compra de acciones de Libertad Digital entre otros motivos porque el PP, que sería el legítimo propietario del dinero, no le reclama nada.