La Fiscalía Anticorrupción dedica las 216 páginas de su escrito de acusación a hacer un pormenorizado relato de las conductas presuntamente delictivas que atribuye a la familia Pujol para enriquecerse, al menos desde 1990, gracias al ascendente del patriarca, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, para el que pide 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Para ello contaron con la ayuda de una decena de empresarios que les acompañarán en el banquillo.
Estas son las principales acusaciones que les atribuye, en las que deja fuera a la matriarca, Marta Ferrusola, que ha quedado eximida de responsabilidad penal por demencia de sobrevenida, motivo por el que el ministerio público se limita a pedir el decomiso de sus bienes.
Clientelismo frente a herencia
Anticorrupción comienza su escrito con el comunicado que en julio de 2014 dio a conocer el presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 y presidente de CDC entre 1989 y 2012, en el que atribuía su dinero en Andorra a la herencia que le dejó su padre, Florenci Pujol. Para Anticorrupción esta versión del origen de la fortuna "fue acordada por todos los miembros de la familia".
Pujol Soley tenía dinero en Andorra al menos desde 1990 y con su mujer acordó que se distribuyese en cuentas a nombre de sus siete hijos. Los fondos los gestionaría el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el que el fiscal solicita 29 años de cárcel por los mismos delitos que su padre, más uno de falsedad, cinco delitos fiscales y uno de frustración de la ejecución.
Para Anticorrupción la herencia no es más que una excusa para ocultar la "red de clientelismo" que tejió el expresidente catalán aprovechando sus cargos con empresarios afines a CDC que se repartían los "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las Administraciones catalanas bajo el control" del partido. Como todos los miembros de la familia eran conscientes de ello, todos los miembros de la familia están acusados del delito de blanqueo y asociación ilícita; menos Jordi y Josep los hijos se enfrentan a ocho años de cárcel.
El reparto de papeles consistió en que el matrimonio dirigió el ocultamiento y afloramiento del dinero, el hijo mayor y su exesposa Mercé Gironés (que se enfrenta a 17 años de cárcel) y Josep Pujol (14), de la gestión, y el resto de hermanos se benefició del dinero ilícito.
Sociedades de Jordi Pujol 'júnior'
Tras recordar cómo la familia se repartía el dinero de las cuentas andorranas, la Fiscalía se remonta a la denuncia contra el primogénito que realizó en 2012 su expareja Victoria Álvarez, a la que no propone como testigo, aunque fue el origen del 'caso Pujol'. En las pesquisas se comprobó que en sus cuentas bancarias y depósitos financieros se produjo un movimiento que ascendió de 106.796 euros hasta los 12,2 millones en cuatro años, pese a que las salidas eran superiores a las entradas de efectivo.
Las que se producían al extranjero se catalogaban como préstamos que luego trataban de dar por fallidos, para que parecieron deudas en el extranjero y así evitar su embargo. Todo ello con las sociedades que controlaban Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés, como Iniciatives Marketing, Project Marketing y Active Traslation. También aparecían al 50% en Inter Rosario Port Service. El fiscal considera que ninguna "generaba ningún tráfico mercantil ni valor añadido contrastable" y entre ellas había "unidad de caja", sin contar siquiera con trabajadores.
Tanto Pujol como Gironés asesoraban a empresas que compartían en el haber sido beneficiarias de adjudicaciones públicas en Catalunya, con contratos que oscilaban entre los 15 millones y los 2.000 millones de euros. "No se ha aportado ningún elemento valorable, dato, documento"... que acredite que Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés realizaran "servicio alguno de consultoría, asesoramiento o intermediación" como decían las facturas que recibían para justificar el ingreso, afirma el fiscal.
Contratos ficticios
Para ocultar los ingresos registrados por más de seis millones de euros, más de 500 millones de pesetas y más de cuatro millones de dólares, el fiscal, divide los contratos ficticios firmados por las empresas de Pujol Ferrusola y Gironés por cada una de sus empresas que no solo operaban en Catalunya, porque con el Grupo Isolux la consultoría que supuestamente realizaron se refería al proyecto de electrificación de la Libreville y la Franceville en Gabón. También hubo en México y en la India.
Al fiscal ni siquiera le convence lo facturado por la Fundación Albert Pascual, creada en 2003 por Pujol Ferrusola, en la que aparecen como donantes las mimas empresas con las que él y su exesposa facturaron a lo largo de esos años. De ahí la acusación que dirige contra la pareja y la decena de empresarios encausados de falsedad en documento mercantil. A estos últimos les considera cooperadores necesarios en el blanqueo del que acusa a la familia.
Cuentas en Andorra y en Panamá
El escrito detalla las cuentas andorranas de todos los miembros de la familia y de terceros que les ayudaban, pero también las fundaciones de las que se valieron para ocultar el dinero ilícitamente obtenido del fiscal español, como Doral International, Kamala o Kopeland en Panamá. A esta última es a la que la mayoría de los hijos y la madre llevaron el dinero que tenían en Andorra en 2012. La cancelaron en 2014 cuando se acogieron a una regularización fiscal.
Anticorrupción cifra lo dispuesto en las cuentas en Andorra por la familia un total de 38.792.021 euros más 8,1 de dólares, 2,7 de marcos y 95.344 de libras. En una de las cuentas detectan que lo realmente se concedió fue un préstamo a CDC, pero que no devolvió el partido, ya que al menos una gran parte de lo concedido lo abonaban empresas adjudicatarias de concesiones. En este sentido cita Hispart, Winner Graph y Altraforma.
Delitos fiscales
El fiscal duda de los décimos agraciados en mayo de 2004, con los que Mercé Gironés ingresó 180.000 euros y, sobre todo, por la pensión que el matrimonio concedió a su hija Nùria, así como un piso, motivo por el que también acusa a ambos de un delito de frustración de la ejecución, al entender que con esos movimientos pretendía evitar que la justicia le intervenga los bienes.
En cuanto al fraude a Hacienda, la fiscalía, que pide que declaren 201 testigos en el juicio, atribuye cinco delitos a Jordi Pujol Ferrusola por los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012, y a Gironés solo uno porque en 2012 no declaró los 409.796 euros ingresados por Interrosario Port Services.
En el caso del tercer acusado en importancia, Josep Pujol, el fiscal explica que regularizó en 2012 con 88.788 euros lo que le correspondía de tres ejercicios. Pero eso no incluyó un ingreso en efectivo que tuvo de 800.000 euros. En este sentido, cita el préstamo que considera ficticio con el propietario de Cat Helicopters Josep Barrigón por 960.000 euros. Esta empresa resultó adjudicataria de varios contratos públicos con el Servei Català de Trànsit, dependiente del Departamento interior de la Generalitat entre 2008 y 2015.
