El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras y a otros 39 ex altos cargos de Cataluña, que se les reclama provisionalmente un total de 5.428.879, 40 euros por los gastos del Diplocat vinculados al procés y al referéndum unilateral 1-0. La cantidad más importante de 1.392.300 euros corresponde a un contrato con el lobby anglosajón Indepedent Diplomat, cuyo objetivo era crear un clima favorable al proyecto soberanista, y en segundo lugar a visitas internacionales, partida que asciende a 932.125 euros. En su intervención, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha argumentado la inmunidad que goza el exmandatario, mientras que el exconseller Francesc Homs se ha quejado de la filtración del acta a la prensa.

La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo. En concreto, 2.085.976,19 millones a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. Más alta, sin embargo, es la reclamación que pende sobre a Artur Mas: 2.950.980,33 euros (el 'expresident' ya tuvo que hacer frente a un pago de 4,9 millones para el 9-N). Otras cantidades elevadas son las de Francesc Homs, (3,1 millones) Raül Romeva (2,2 millones), Andreu Mas-Colell (2,9 millones) y la exinterventora Mireia Vidal (3,3 millones).%. Una de las personas encausadas Maryse Olivé, exdelegada del Govern en Francia, falleció en el 2017. Una vez comunicada, la fianza deberá pagar en un plazo de unos quince días. Si no, se procederá a embargar los bienes de los encausados. De la lista inicial de 41 encausados, han sido eliminados siete, entre ellos el 'exconseller' Jordi Turull, a los que al final no se les demanda nada.

Otros de los gastos importantes que figuran en el acta de liquidación provisional son "las actividades de promoción del proceso soberanista, acción y sensibilidad internacional" (parlamentaria, académica, cultural y deportiva), con 451.487 euros; y las subvenciones del Patronato Catalunya Mundo-Diplocat (ayudas a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas), 422.056 euros, y los viajes del presidente y los 'consellers' de la Generalitat, que ascienden a 317.790 euros.

Los auditores también detectado presuntas "irregularidades y deficiencias" en el cumplimiento de las normas de gestión, como falta de documentación (261.581 euros) y pagos injustificados (151.430 euros), así como anomalía el los desembolsos por servicios de asesoramiento y elaboración de informes (149.564 euros) y en atención protocolarias y representación (32.844 euros). El informe provisional incluye, además, los contratos y el personal de las delegaciones catalanas en el exterior (un total de 344.000 euros) y un apartado de "implicación de la sociedad civil catalana", que engloban debates y "observación internacional" (152.578 euros).

Las "relaciones con el proceso de autodeterminación" de las oficinas catalanas en el extranjero supuso un gasto de 205.081 euros. En el dictamen, que cuenta con 504 hojas, se añade la plaza de jefe de oficina de prensa (134.286 euros) y la demanda de dos trabajadores por el cierre de una oficina en Lleida (80.232 euros). Los abogados deben revisarlo para hacer sus alegaciones ente este martes y mañana miércoles.

Ya abonaron 4,1 millones

Entre los citados se encuentran los exconsellers Neus Munté, Raul Romeva y Francesc Homs, que podían elegir acudir en persona o delegar su comparecencia ante el Tribunal de Cuentas en sus abogados para la defensa de sus derechos e intereses También acudieron representantes de la Generalitat, Diplocat, Abogados Catalanes por la Constitución, Sociedad Civil Catalana, Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Según informó el Tribunal de Cuentas antes de acordar esta citación, los condenados por el procés ya abonaron 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum unilateral del 1-O, pero todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se abordará en la comparecencia de este martes.

Embajadas catalanas

Las diligencias se enmarcan en una instrucción sobre el alcance contable de la acción exterior para promover el proceso independentista a través de las llamadas "embajadas catalanas" y la celebración de un referéndum que llevó a cabo el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat).

Esta instrucción, que deriva de un informe de fiscalización, estaba pendiente de conclusión y ahora el Tribunal de Cuentas hará un acta de liquidación provisional complementaria a la anterior, para la investigación de los hechos derivados del citado informe que no coincidan con los analizados en la liquidación practicada.

Más de 4 millones

La liquidación provisional de los gastos por el 1-O, sellada el 28 de enero de 2020, fijó un importe de 4.146.274,97 euros, una cantidad que fue garantizada en febrero de ese año como fianza para evitar el embargo de bienes, pero no para el pago y satisfacción definitiva de responsabilidades contables.

La revisión de cuentas de la acción exterior de la Generalitat se remonta al 27 de diciembre del 2017, cuando la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas solicitó la realización de una fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de Cataluña. Atendiendo esta petición, el órgano fiscalizador incluyó este caso en su programa para el año 2018. La fiscalización ha sido realizada según el procedimiento ordinario por parte de los auditores.

Durante el acto que se celebra este martes, se entrega a los presuntos responsables el acta de liquidación provisional (que es resultado de la instrucción). En la vista podrán realizar las alegaciones que estimen convenientes en defensa de sus derechos. Por ahora, no se dirime si existe o no responsabilidad contable, sino que se hace un pronunciamiento previo y provisional. Las posibles responsabilidades contables se determinarían definitivamente en un posterior proceso. Por lo tanto, estamos en una fase anterior a la resolución definitiva.