El PSOE tomó una cifra redonda, mil días de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, para volver a la carga. Para seguir llamando al PP, quizá con términos más gruesos pero con el mismo fondo, a sentarse a negociar la renovación de los órganos constitucionales. Pero más allá de esa apelación, poco. No hay previsión de promover ninguna reforma legal ni tampoco, por ahora, contempla el presidente del Gobierno telefonear a Pablo Casado para buscar una aproximación.

Los socialistas estrenaron este lunes un rostro nuevo, el de Eva Granados, viceprimera secretaria del PSC y portavoz del comité organizador del 40º Congreso del PSOE. La dirigente no habló de los preparativos del cónclave —que se celebrará entre el 15 y el 17 de octubre, en Valencia— y se centró en lanzar la campaña #1000DiasSecuestroConstitución. Subrayó que es "inadmisible" que el PP siga bloqueando el relevo institucional (el CGPJ, que acumula esos mil días, o sea, casi tres años, pero también el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas), que se trata de un "sabotaje" insólito en democracia, una "deslealtad histórica". Un "secuestro" de la Carta Magna.

La renovación de los órganos constitucionales, remarcó, "no tiene nada que ver con la oposición al Gobierno, es una obligación constitucional". "España merece una oposición que alcance pactos, no que piense en clave electoral", indicó Granados, quien se preguntó si los barones populares comparten el "empeño" de Pablo Casado de convertir al PP en un partido "sin sentido de Estado". En otras ocasiones, era Génova quien se dirigía a los barones socialistas críticos para atacar a Pedro Sánchez.

El plan de los socialistas pasa por que los conservadores recapaciten y den marcha atrás. No se intentará elevar el rango de la interlocución implicando al presidente. "Son negociaciones entre grupos parlamentarios. Pero nunca se ha perdido el contacto con el PP. Es una tarea que no tiene que ver con la oposición o con el Gobierno. Se trata de obligaciones constitucionales, y la mayoría cualificada exigida [para la renovación] requiere de un acuerdo entre los partidos mayoritarios. El PP debe aclarar si quiere llegar a acuerdos o no", señaló Granados, quien recordó que ya el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, se puso en contacto con los grupos en julio para intentar allanar el terreno, sin éxito.

Al hablar de "partidos mayoritarios", quedaba la duda de si el PSOE se planteaba retomar las conversaciones sin los morados. Fuentes del Ejecutivo indicaron que no será así. El esquema permanece y "Unidas Podemos estará". Tampoco el PSOE reclamará al presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, su dimisión, para forzar el relevo y encauzar la negociación. Granados sostuvo que la salida es la "voluntad de diálogo y acuerdo" de Casado, "no hay que buscar otros caminos".

De modo que nada se mueve. Un llamamiento constante al PP para que no "utilice los votos de los ciudadanos para erosionar las instituciones", para que no ponga "excusas", para que no se beneficie de una mayoría absoluta de la que disfrutaba en 2013 —la última vez que se renovó el CGPJ— y de la que ya no dispone, para que abandone una "lógica perversa e irresponsable". Para que cumpla, resumió, con la Constitución.