La tensión entre los socios del Gobierno a cuenta de la subida imparable del precio de la luz no cesa. A la llamada de Unidas Podemos a la movilización en las calles se sumó, este jueves, el registro en el Congreso de una proposición de ley, para la creación de una empresa pública de energía. Los socialistas hablan sin tapujos de "deslealtades" de los morados, y rechazan su última medida, porque creen que no tendría un "impacto real" en la factura que paga el consumidor. No adelantan cuál será su voto en la Cámara baja, porque la trasladarán a la comisión de estudio que se abrirá allí para discutir el problema del alza galopante de la electricidad, pero políticamente el rechazo del ala socialista del Ejecutivo es diáfano.
La compañía pública que plantea Unidas Podemos, tal y como explicaron el portavoz del grupo, Pablo Echenique, y el diputado Juan López de Uralde, asumiría las concesiones hidroeléctricas que se vayan extinguiendo. La entidad pública empresarial tendría por nombre Producción Energética Española, según reza la proposición de ley. Pero, como reconocen los morados, tendría poco músculo, ya que ha vencido el 7% de los contratos y un 8% lo hará desde ahora hasta 2030. Unidas Podemos registró su escrito en el día en que el precio mayorista de la luz marcó otro récord histórico, al situarse en 140,23 euros el megavatio hora, aunque este 3 de septiembre bajará hasta los 137,7 €/MWh.
"Es interesante tener una empresa pública, no nos hemos opuesto nunca, pero es engañar a la gente decirle que su factura va a cambiar como consecuencia de que la titularidad de quien genera la electricidad sea una compañía pública. Imagínate el 'share' de mercado que tendría que tener para que se sintiera un impacto real y estaría sometida a las mismas reglas de mercado", "es un planteamiento pueril", argumentan a El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, desde el sector socialista del Gobierno.
"Serviría para poco, por no decir para nada", abunda otra fuente socialista de alto nivel conocedora del funcionamiento del mercado energético. Recuerda que el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) impone que las empresas públicas que operen en mercados competitivos o liberalizados operen "con arreglo al llamado principio de neutralidad competitiva, es decir, con arreglo al principio de inversor privado”. Es decir, que han de funcionar como una empresa más, y solo es distinto si se trata de "sectores de actividad reservados al sector público, es decir, sustraídos a la iniciativa privada", y este "no es el caso de los sectores energéticos, liberalizados por la legislación europea desde finales de los 90".
No sería una "empresa incumbente"
Los socialistas recalcan, pues, que la presencia pública en el capital social de las empresas energéticas (como ocurre con Électricité de France o Enel, participadas por el Estado francés y el italiano) no es una medida de "control de precios de mercados competitivos, sino de presencia pública en sectores estratégicos de la economía". La finalidad de control de precios no se lograría, a su juicio, con una "pequeña empresa pública con algunos saltos hidroeléctricos y media docena de parques fotovoltaicos, sino con el control de una empresa incumbente", con dominio de mercado.
Para ello, haría falta renacionalizar (recomprar) operadores como, por ejemplo, Endesa, que cuesta "miles de millones euros". "Ninguno de los países europeos con empresas públicas energéticas incumbentes tiene precios mayoristas sustancialmente distintos. Si ocasionalmente son más bajos que los españoles no es debido a la presencia de una empresa pública, sino a la estructura y composición específica del mix de generación de cada país", justifica esta misma fuente. En Italia, el precio alcanzó los 139,92 euros este 2 de septiembre, y en Francia, a 107,19 euros el megavatio hora.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, apuntan precisamente el ejemplo de los dos países vecinos, en los que sí hay empresas incumbentes (Enel y EDF). "Enel no puede vender bajo coste, y lo mismo le pasa a EDF. La reflexión sobre cómo gestionar las plantas hidroeléctricas es muy interesante, lo otro es no bajarse de los argumentos de estos días", señalan desde el equipo de la vicepresidenta, que indican que va a gestionar esta propuesta de Unidas Podemos con "tranquilidad" y que la analice la comisión de estudio que se abrirá en el Congreso. No mostrará una oposición "frontal", aunque cree que es "imposible" que esa compañía pública de generación eléctrica "tenga un impacto relevante en el mercado", porque nunca tendría la dimensión de un operador importante.
Y aunque se creara esa empresa pública, continúan en Transición, tendría que vender electricidad al precio que marque el mercado mayorista, porque de lo contrario la UE lo consideraría una "ayuda de Estado", prohibidas por el artículo 107 del TFUE.
Uralde y Echenique remarcaron que la participación de los Estados en compañías eléctricas se sitúa en el 40% en la media de la OCDE, y en nuestro país es de apenas el 5%. "España tiene el segundo mercado eléctrico más privatizado de la OCDE, solo por detrás de Portugal", subrayó.
Indemnización "milmillonaria"
La propuesta de Unidas Podemos no plantea la expropiación, sino que la nueva compañía pública asuma las concesiones "una vez que se produzca su extinción, independientemente de la causa que concurra, además de las posibles iniciativas que la misma emprenda para la creación de nuevas plantas de generación eléctrica en base a energías renovables y su actuación como empresa comercializadora de energía". "Saben que la expropiación supondría una indemnización milmillonaria, y no asumible por el Estado. Pero eso queda muy bien en la pancarta de esa izquierda que no sabe y en realidad no quiere gobernar, porque se encuentra más cómoda detrás de la pancarta y repartiendo leña, sobre todo, a la socialdemocracia vendida y traidora", se quejan desde el ala socialista.
Este jueves, el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, adelantaba que Ribera tomaría "más medidas" para intentar bajar el precio de la factura de la luz, y también se movería a nivel europeo para que Bruselas modifique el esquema del mercado mayorista marginalista. "[Es] como se hacen estas cosas entre socios, no con deslealtades, sino sentándose, reuniéndose, buscando soluciones, buscando alternativas que han de ser viables, seguras y efectivas. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno".
El ministro recordó que el decreto del 'canon hidráulico' del ministro José Manuel Soria de 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido tumbado por el Tribunal Supremo, y la condena, más los intereses, obligarán a devolver al Estado unos 1.400 millones de euros, un 1% del PIB, que habrán de pagar todos los contribuyentes. De ahí que apelara a aparcar soluciones "fáciles", "atajos" que pueden ser, a la larga, más costosos.
En Transición confirman que tienen un "paquete listo de más medidas". "Nunca dijimos que no fuéramos a adoptar más iniciativas, sino que no respaldaríamos ni adoptaríamos ninguna que fuera contraria a la UE", señalan en el ministerio.
