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Cataluña

La Guardia Civil implica al hijo de un exalto cargo ruso en la trama del procés

Los investigadores sostienen que Artem Lukoyanov participó en un negocio que el juez sospecha que puede ser una "pantalla" para la financiación ilegal de un partido

Alexander Dmitrenko.

La Guardia Civil sostiene que Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el ‘cardenal gris’, un influyente y misterioso exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin, intervino en una operación de venta de gas licuado entre una empresa rusa y otra china. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que instruye el ‘caso Voloh’, de posible financiación irregular del 'procés', considera que dicha operación podría ser una mera “pantalla” para “ocultar algún tipo de operación irregular” o, incluso, la “financiación de un partido político".

En un informe del instituto armado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los agentes, a petición del togado, han rastreado el contrato firmado entre las dos compañías inmersas en este negocio y el desembolso de un adelanto de 295.000 euros. Los investigadores tuvieron conocimiento de esta operación a partir del análisis del teléfono de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont que fue detenido en octubre del 2020 en la operación Voloh.

En su móvil aparece un documento remitido por Alexander Dmitrenko, al que el Gobierno ha denegado la nacionalidad española por su vinculación con los servicios de inteligencia rusos, sobre el desembolso de 295.000 euros efectuado por la empresa china Gulf Energy (radicada en Honk Kong) a la rusa Inter-Broker (con sede en Sant Petersburgo). Según la Guardia Civil, ese pago era la garantía del 5% del negocio que se pretendía iniciar en la compra-venta de gas licuado. Alay y Dmitrenko tienen desde hace años una estrecha relación, hasta tal punto que el empresario viajó con él en dos ocasiones a Rusia. "Fuimos a unas universidades", explica Dmitrenko.

La transferencia del dinero

Las pesquisas no solo se centran en los mensajes localizados en el teléfono de Alay, sino también en los enlaces con correos electrónicos que le remitió Dmitrenko. De esta manera, los agentes han tenido conocimiento que, en primera instancia, un banco del Reino Unido se negó a realizar el pago, por lo que se barajó la posibilidad de efectuarlo desde una cuenta particular de una responsable de empresa china Gulf. Esta segunda opción tampoco fue ejecutada y se decidió abrir una nueva cuenta en el banco chino ICBC (Industrial and Comercial Bank of China), desde donde se realizó la transferencia.

La Guardia Civil subraya que “las personas que hicieron posible la operación mercantil” pertenecerían a la empresas de Dmitrenko, que había fundado el 'lobby' catalano-ruso Catrus y era director general de la entidad Hispaniapetrol. En este negocio, inciden los investigadores, intervino Lukoyanov, el hijo adoptivo de Surkov, que aparece como socio de Dmitrenko en otra compañía radicada en Londres.

En este sentido, Dmitrenko ha asegurado a este diario que él, al final, no cobró nada, y que Lukoyanov, del que es amigo, solo le iba a hacer un favor y cobraría la comisión que a él le correspondía si el negocio salía adelante. Por parte china, según los agentes, actuó como intermediario para proceder el pago de los 295.000 euros el responsable de una consultora catalana que, además, ha trabajado para un organismo público, según concreta el informe policial. La compraventa, al final, no fructificó.

"Pago de garantía"

Dmitrenko llegó a anunciar a Alay que “habían llegado los 295.000 euros” a Rusia como “pago de garantía”, a lo que añadió: "Felicidades a todos nosotros, primer gran paso hecho”. "Muy importante", le contesta el jefe de la oficina de Puigdemont. Y agrega: “Ya hablaré directamente con el ‘president’ tema Cambra [Dmitrenko fue nombrado embajador de la Cambra de Comerç de Barcelona] y energía”.

Mientras, el juez ha ordenado a la Guardia Civil que investigue en profundidad este negocio por ser similar al que sirvió para financiarse a la Liga Norte italiana, pero la fiscalía se ha opuesto al estimar que la petición es "prospectiva".

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