Mientras que en EEUU el Tribunal Supremo ha avalado que Texas prohíba prácticamente cualquier tipo de aborto, lo que ha despertado un alud de críticas, encabezadas por Joe Biden, en España el Gobierno preparara una reforma de la ley del aborto que busca justamente lo contario: amplificar este derecho y favorecer, de paso, una ley paraguas que incluya nuevas medidas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, se prevé fomentar el uso de los anticonceptivos masculinos, especialmente el preservativo, aunque todavía no se ha decidido si se hará mediante campañas informativas, el reparto de condones gratis u otras medidas que propicien su utilización, dado que la reforma está aún en fase de consultas.
De hecho, la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, reinició el pasado lunes las conversaciones en torno a la modificación legal, con una veintena de representantes de colegios y asociaciones de diversos campos sanitarios, como la medicina general, la obstetricia, la ginecología, la sexología, etc. El objetivo de estas reuniones es que los expertos expongan las carencias existentes en el sistema de salud sexual y reproductiva y propongan mejoras. Se han celebrado encuentros también con las comunidades autónomas y colectivos feministas y se prevé que el proceso continúe, con el horizonte de que la reforma sea aprobada en el Consejo de Ministros antes de fin de año.
El objetivo de fomentar el uso de la anticoncepción masculina se produce en un contexto en el que los abortos han repuntado los últimos tres años. Casi 100.000 mujeres interrumpieron su embarazo en 2019 (último dato disponible), la cifra más alta del último lustro. Si bien, desde que en 2011 se aprobó la reforma de la ley del aborto impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, la llamada ley de plazos, que aún está pendiente de ser dictaminada por el Tribunal Constitucional, las intervenciones han caído un 16%. La intención de favorecer el preservativo coincide además con un aumento de las enfermedades de transmisión sexual que el Ministerio de Sanidad busca también atajar.
Las voces en contra
Si bien, otro de los objetivos de la reforma, poner fin a la llamada violencia obstétrica, referida a las prácticas invasivas y no siempre justificadas en los partos, no cuenta con un respaldo unánime. El colegio de médicos considera que la ley no debería pronunciarse sobre un concepto que “no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto” en España. No obstante, el Ministerio de Igualdad se muestra firme y asegura que las recomendaciones de la ONU al respecto, que condenó a España por un parto con 10 tactos vaginales, servirán de doctrina y serán incluidas en la reforma. La ONU pide que se sensibilice a los profesionales y que se fomente el consentimiento informado en los paritorios.
Por otro lado, se plasmará que la gestación subrogada, una práctica prohibida en España aunque hay agencias que favorecen que se lleve a cabo en otros países, es una forma de explotación reproductiva de la mujer, con el fin de consolidar los “derechos feministas”, según expuso recientemente la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Eliminación de barreras
En cualquier caso, según sus propias palabras, el pilar de la reforma será “despenalizar definitivamente el aborto”, con la eliminación de las “barreras” que actualmente lo dificultan. Para ello, se reformará el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, fomentando una objeción individual y no de todo un hospital, para que se pueda garantizar la interrupción del embarazo en todo el territorio nacional y en hospitales públicos -o concertados- donde la mujer pueda elegir el método para llevarlo a cabo. En la actualidad, el 85% de las intervenciones se realizan en centros privados, debido precisamente a la objeción de conciencia.
Asimismo, se derogará la reforma impulsada en 2015 por el PP y que exige a las jóvenes de 16 y 17 años contar con el permiso de sus progenitores. Y se eliminará los tres días de reflexión obligatorios antes de abortar.
Por último, se impedirá el acoso a las mujeres y los profesionales a las puertas de las clínicas acreditadas para realizar las intervenciones. Según ACAI, la asociación de los centros concertados, unas 8.000 mujeres han sido víctimas de ataques por grupos antiabortistas desde 2010, en unas 100 acciones de hostigamiento al año. “Es importante que lancemos el mensaje de que las decisiones de las mujeres no necesitan tutela [...] y acabar con el acoso de los grupos de extrema derecha”, ha apuntado la ministra Montero.
