Satisfacción en la Generalitat de Cataluña ante la constatación de que el Gobierno central no presentará batalla jurídica contra el decreto por el que el Institut Català de Finances (ICF) avala las fianzas de los dirigentes independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas por la supuesta acción exterior del Govern vinculada al 'procés'. Al haber vencido el plazo legal de tres meses para recurrir el fondo ante el Tribunal Constitucional, fuentes del Ejecutivo catalán consideran que se da vía libre y firme a los avales, que contaron con el visto bueno del Consell de Garanties Estatutàries, pese a que en el seno del ICF generó cierto revuelo. Fuentes de la Moncloa confirman que no habrá impugnación y alegan, precisamente, que ni el Consell de Garanties ni la Abogacía del Estado cuestionaron la legalidad de la medida.
La Generalitat aprobó el 6 de julio el decreto que modificaba el funcionamiento del ICF, que se publicó un día más tarde. Un texto que fue convalidado en julio con la abstención del PSC y los 'comuns' en el Parlament y que recibió el aval por unanimidad del Consell de Garanties. Se trata, en concreto, de un Fondo Complementario de Riesgos dotado con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas les exige fianzas millonarias por promocionar el 'procés' en el exterior.
La Abogacía se inhibió
Esta buena noticia para el Govern podía intuirse después de que la Abogacía del Estado evitara implicarse en el contencioso cuando se lo reclamó el Tribunal de Cuentas. De esta manera, solo quedan vivos un recurso de Vox y una denuncia de Ciudadans, que aunque el Constitucional las admitiese a trámite, no paralizarían la aplicación del decreto.
Más allá de razones técnicas, se trata de un gesto de distensión del Gobierno hacia el Govern en pleno diálogo
"Si los órganos técnicos no ven nada, no tiene sentido recurrir. Nadie ve motivos ni alega incumplimiento de la ley. Ni el Consell de Garanties ni la Abogacía del Estado", justifican por su parte desde la Moncloa. Más allá de las razones técnicas, se trata de un gesto con lectura claramente política, de distensión del Gobierno hacia el Govern en un momento en el que continúa en marcha la mesa de diálogo.
El fondo del ICF pretende hacer frente a los riesgos no cubiertos por las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable suscritas por la Generalitat para cubrir al personal de la Administración. Ahora bien, en cuanto haya una resolución judicial firme y se hayan agotado las vías de impugnación, deberán devolver las cuantías cedidas junto a los intereses.
Una reclamación de 5,4 millones
La mayoría de los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama, en total, 5,4 millones de euros en fianzas se acogieron al fondo del Govern para evitar avalar con su patrimonio. El Ejecutivo catalán tuvo que dar marcha atrás a su pretensión inicial de que fuera una entidad bancaria la que avalase directamente a los encausados y asumió el riesgo legal de cubrir las cantidades requeridas a través del ICF. A partir de ahora, el interrogante es qué entidad financiera o aseguradora catalana o extranjera asumirá la responsabilidad de activar los avales.
Esta polémica generó tensiones internas en el seno del Govern entre ambos socios del Govern, con acusaciones cruzadas y cambios de criterio del titular de Economía, Jaume Giró. Además, la decisión de situar al ICF como avalista se saldó con dimisiones en la institución. Tres miembros independientes de la junta de gobierno —Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger— abandonaron sus cargos dos días antes de que la cúpula sometiera a votación la firma de los avales.
