Contrataciones irregulares de 20 millones en un solo año, sobresueldos y desbarajuste en la contabilidad. Este es el panorama que detectaron entre los años 2014 y 2019 la Sindicatura de Comptes y la Intervenció General de la Generalitat en el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, la entidad que gestiona la atención a las personas más necesitadas en la capital catalana y que está participada por la Generalitat (60%) y el Ayuntamiento de Barcelona (40%). Ocurría en plena crisis financiera y en plena política de recortes y afectaba al dinero para los más necesitados: niños tutelados, personas con discapacidad o víctimas de violencia machista. El sindicato CGT tiene previsto denunciarlo en la Oficina Antifraude de Cataluña, ya que considera "muy grave" el asunto. Fuentes del consorcio admiten la existencia de estas malas prácticas, pero precisan que la mayoría ya se han rectificado o están en vías de corregirse.
Las principales irregularidades se detectaron en 2014 y 2015, época en la que el consorcio estaba controlado por miembros de CiU, según los informes a los que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya. En los años posteriores, algunas de esas anomalías se arrastraron. Hoy todavía se están solventando. En mayo de 2017 es cuando el actual gerente de la entidad, Joan Uribe, sucesor de Josep Pera (CiU), recibe un primer informe demoledor de la Sindicatura de Cuentas, al que le sigue otro, no menos duro, de la Intervención General de la Generalitat. En los últimos tiempos se han llegado a corregir algunas anomalías, aunque todavía queda camino por recorrer. "Me encontré con una administración con debilidades y con un equipo con ganas de tirar adelante el proyecto del consorcio", afirma Uribe. Fuentes del ayuntamiento sostienen que con el nombramiento de Uribe "se puso de manifiesto la necesidad de hacer un plan para regularizar la situación", aunque este manifestó en varias ocasiones la "necesidad" de ampliar la plantilla.
El Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona es un ente público creado en 2006 y se encarga de los servicios sociales especializados en la capital que, en el resto de Catalunya, son competencia de la Generalitat. Gestiona los centros donde viven menores tutelados, pisos para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, residencias de personas con discapacidad y centros de terapia ocupacional. Su presidente es el 'conseller' de Derechos Sociales y su vicepresidente, el responsable del área en el Ayuntamiento de Barcelona.
Encargos a dedo
El informe de la Sindicatura de Cuentas de 2014 hace mención a malas prácticas en la contratación de servicios. En concreto, indica este órgano, existen contratos para la gestión de determinadas labores que se realizaron sin publicidad, transparencia ni concurrencia pública. Es decir, a dedo. Lo hicieron usando una categoría que es aplicable cuando el adjudicatario es el único que puede hacer esa labor. De los 22 expedientes analizados, un total de 20, por valor de 22 millones de euros, se tramitaron mediante este sistema, sin que se incluyera la justificación legal de esa exclusividad. La auditoría del sindico refleja también que el consorcio hizo contratos de un año que se podían prorrogar a seis, incumpliendo la normativa de contratación al no tenerse en cuenta la naturaleza de la prestación y la necesidad de someterse periódicamente a licitación.
Esa contratación sin publicidad se sucede en años posteriores, indica la Intervención General. En 2015, se elaboraron cuatro expedientes sin publicidad por razón de exclusividad en los que tampoco consta la motivación o justificación de la utilización de este método, ni se obtuvieron evidencias de que los pliegos y criterios de valoración fueran informados por la asesoría jurídica. El consorcio alegó entonces que estos contratos eran para “personas con unas necesidades muy específicas” y que no era posible contratar de otra manera. Los auditores recuerdan que este procedimiento es "excepcional" y argumentan que, a pesar de las manifestaciones de Servicios Sociales, "no queda motivado".
Dos años después, en 2017, estaban vigentes 50 contratos sin publicidad. En el listado que entregó el consorcio a la Intervención no se incluyeron ni el importe de la licitación ni la adjudicación. En 2019, expedientes que siguen sin hacer constar "toda la documentación" que se requiere, según las auditorías. Además, ese año se comprueba una "falta de seguimiento" de los contratos en ejecución, "hecho que supone que a menudo se incumplen los términos de los procedimientos", así como que las prórrogas "se formalizan después de finalizar" el compromiso (ahora se firma un año antes).
Además, los informes denuncian que Josep Pera, gerente del consorcio desde 2012 hasta 2017, incumplió la normativa de contratación porque firmó convenios cuando no le correspondía. Los contratos por valor superior a los 300.000 euros debía firmarlos la 'consellera' Neus Munté (CiU), también presidenta del ente. No sucedió así sino que Pera suscribió contratos por valor de hasta 2,4 millones, a pesar de no tener la delegación de firma.
Por otra parte, en 2017, los auditores detectaron un "fraccionamiento de contratos menores". El informe de la Intervención General recuerda que está prohibido fraccionarlos para eludir la publicidad y el procedimiento de adjudicación. En este sentido, fuentes del consorcio aseguran que el caso llegó hasta el Tribunal de Cuentas, que, al final, lo archivó por no detectar pagos indebidos. Estas advertencias permitieron mejorar el sistema de contratos, según dichas fuentes.
Un millón en sobresueldos
Las auditorías precisan que, al menos, en 2015, 2017 y 2019, el consorcio pagó casi un millón de euros en sobresueldos por encima de convenio y sin justificar, principalmente a los jefes de área o departamentos. Así, en 2015, el organismo desembolsó una retribución extra de 352.379 euros; en el 2017, 328.726, y en el 2019, 256.000. Estos sobresueldos se concretan con dos conceptos retributivos (“mejora voluntaria” y “a cuenta del convenio”), que ni constan en la tablas salariales, ni están avalados por la Dirección General de Presupuestos ni la Dirección General de la Función Pública. Los auditores, incluso, no han podido ni concretar la fecha en que se aprobaron estos complementos. En las auditorías consultadas se hace constar que estos sobresueldos son "nulos" e incumplen la ley.
Esta práctica se ha prolongado a lo largo de los años, al menos, hasta 2019. El sindicato CGT, que ha analizado las auditorías, sostiene que se han podido pagar cantidades similares desde la misma creación de la entidad, por lo que la cantidad podría superar los dos millones. Estos complementos se regularizaron en mayo del 2020, cuando los sueldos de los empleados pasaron a regirse por el convenio único del personal de la Generalitat. Estos sobresueldos iban dirigidos, según exponen las mismas auditorías, a algunos trabajadores de oficinas y despachos.
"Creemos que en un contexto de crisis social y económica es muy grave que la segunda entidad pública de servicios sociales de Catalunya pague centenares de miles de euros en sobresueldos, haga contratos a dedo por valor de decenas de millones a empresas y falsas fundaciones con lucro económico", se queja Robert Morral, delegado sindical de la CGT en el Consorcio. "Los servicios sociales deben estar lejos de la lógica de mercado, el lucro privado y deben ser 100% públicos", concluye.
