La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2022, la ley más importante del año y cuya tramitación debería finalizar antes de diciembre para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.
Antes de entregar el proyecto de Ley a Batet, la ministra ha comparecido ante los medios gráficos en el Patio de Floridablanca, mostrando el tradicional "libro amarillo" -que contiene los ejes fundamentales de las cuentas públicas-.
Primero lo ha hecho sola y luego junto a las secretarias de Estado de Presupuestos, María José Gualda; de Hacienda, Inés Bardón, y de Función Pública, Lidia Sánchez, así como la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque.
Minutos después, a las 12,30 horas, se ha celebrado el acto de entrega formal y Batet ha recibido las cuentas del próximo año en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio en formato digital -en memoria USB y en una tableta- acompañada de algunos miembros de la Mesa de la Cámara y de la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.
La ministra y Batet han charlado en tono informal y aunque durante acto no ha habido declaraciones se ha podido escuchar a Montero la frase de que estos presupuestos "no serán los últimos".
La Mesa del Congreso se ha reunido después para admitir a trámite este proyecto de Ley, que la ministra de Hacienda con todo su equipo presenta ante los medios de comunicación en rueda de prensa, que se inicia a las 13,00 horas.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto presupuestario de 2022 el pasado 7 de octubre en sesión extraordinaria, unas cuentas con un techo de gasto e ingresos récord volcadas en afianzar la recuperación económica e implementar los proyectos asociados a los fondos europeos.
Las cuentas públicas además están centradas en los jóvenes y contemplan un bono cultural de 400 euros para quienes cumplan 18 años y un bono para alquiler de 250 euros para jóvenes de bajos ingresos.
El Ejecutivo confía en contar con una amplia mayoría para poder aprobar los presupuestos antes de finales de año.
Los reglamentos parlamentarios prevén que la tramitación de las cuentas del Estado tenga preferencia sobre cualquier otra iniciativa, lo que convierte el debate presupuestario en el centro de la actividad del otoño parlamentario.
El procedimiento legislativo es similar al ordinario, pero con notas propias ya que el Congreso pone límites a la presentación de enmiendas, fija una ronda de comparecencias de altos cargos de la administración del Estado, lleva a cabo el debate y aprobación por secciones y exige que sean aprobados por el Pleno y no en comisión.
