Después de un fin de semana con las conversaciones congeladas —a causa, sobre todo, de la celebración del 40º congreso federal del PSOE— socialistas y populares retoman los contactos a lo largo de este martes y miércoles, tras lo que esperan cerrar ya los nombres de la renovación institucional. El acuerdo seguirá afectando solo al primer paquete: los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas al completo, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Tanto en Moncloa como en Génova aseguran que el Consejo General del Poder Judicial no está presente en estas conversaciones, y, aunque insisten en el ánimo de desbloqueo, las posturas siguen muy alejadas.

Fuentes de Moncloa y Génova aseguran a El Periódico de España que, según lo previsto, habrá nuevos encuentros entre el martes por la tarde y mañana (cuando se cumple una semana de la primera reunión entre los dos interlocutores: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea). La idea es que en la próxima semana o la siguiente se celebre un pleno en el que se votarán los nombres de las vacantes en las instituciones y, por tanto, los plazos son ajustados. En el Gobierno esperan que entre hoy y mañana haya un acuerdo cerrado.

Por su parte, en el PP también confían en que el resultado llegue pronto, y reconocen que la negociación empezó muy madura gracias a los avances del pasado febrero, cuando estuvieron a punto de llegar a un acuerdo (al final sólo sacaron adelante RTVE). Entre los nombres del Constitucional, los populares insisten en que deben ser personas de reconocido prestigio, que no ocupen cargos políticos ni los hayan ocupado al más alto nivel. 

Pablo Casado ha hecho de la independencia judicial una de sus principales banderas desde que llegó a la presidencia del PP, hasta el punto de desvincularse de las decisiones de sus predecesores y asegurar que su liderazgo apostará por avanzar sin retorno en esa independencia. De hecho, el principal escollo para negociar la renovación del CGPJ pasa por la exigencia que sigue manteniendo el PP para cambiar la ley en lo relativo al sistema de elección de los jueces. La idea es que doce de los veinte vocales del consejo sean elegidos directamente por los magistrados. Por eso, los populares propusieron desgajar de la negociación general el órgano de gobierno de los jueces y avanzar en las otras instituciones. Así lo están haciendo, dejando al margen el consejo. Las dos partes aseguran “que no han hablado del CGPJ y que no lo harán en este primer paquete.

Como publicó este periódico, Casado insiste en su exigencia y no se conformará con un compromiso verbal del Gobierno. De hecho, pretende que haya una votación en el Congreso (“que quede escrito en el Diario de Sesiones”, dijo en una entrevista en ‘Onda Cero’ este lunes) que, necesariamente, implica el inicio de la tramitación parlamentaria. 

Dicho con mayor claridad: los populares rechazan el simple estudio de otras fórmulas de elección o la creación de una subcomisión en las Cortes dedicada a esa tarea como sugirieron en el Ejecutivo. Lo que piden es el registro de la propuesta formal y que el procedimiento eche a andar. A partir de ahí, de manera paralela, se podría ir negociando la renovación.

El Gobierno, al menos hasta ahora, ha negado la posibilidad de reformar la ley como pide el PP y sigue defendiendo el modelo actual para elegir a los vocales del consejo. De hecho, Pedro Sánchez ha recalcado recientemente que el PP ya llevó su propuesta dos veces al Congreso y no consiguió los apoyos parlamentarios suficientes. Moncloa utiliza ese argumento de forma aplastante, consciente de que el partido de Casado no encontrará los respaldos suficientes sin el grupo socialista. En el PP, sin embargo, no están dispuestos a ceder y creen que deben forzar ese cambio en la elección para cumplir con los estándares europeos y las recomendaciones insistentes de la Comisión.