¿Está en riesgo la inmersión de la escuela catalana, un modelo respetado por la comunidad educativa? Algunas voces piensan que sí, después de que el Tribunal Supremo (TS) no haya admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, en diciembre de 2020, ordenaba al Govern garantizar que el castellano se imparta, como mínimo, en el 25% de las horas escolares. El fallo, pues, pasa a ser firme y ejecutable. Así lo han denunciado este martes el 'conseller' de Educació, Josep González-Cambray, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga, que han asegurado que se trata de "un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán”.
La Generalitat ha pedido calma a las escuelas, a las que ha instado a no realizar cambio alguno en sus planes lingüísticos. El 'president', Pere Aragonès, ha calificado de “muy grave” la decisión judicial. “El catalán en el colegio no se toca”, ha destacado tras dejar claro que la inmersión es una garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades.
Fuentes del Ministerio de Educación, de momento, no emiten opinión alguna dado que la sentencia no se ha recibido todavía oficialmente. Una vez que llegue a los servicios jurídicos, se analizará con detalle.
En todo caso, ahora sería el TSJC el que tendría que mover ficha y decidir cómo se ejecuta la sentencia, cómo se traslada a las aulas ese 25% y se aplica. El asunto es de una complejidad jurídica descomunal, así que nadie espera una solución rápida y fácil.
Batalla política
Todos los expertos en educación reconocen el éxito del modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana, cuyo principal objetivo es evitar la segregación. Está más que asumido por la inmensa mayoría de las familias. Sin embargo, el uso del catalán y el castellano se ha convertido en una ardua batalla política, iniciada, en su día, por Cs y el PP.
En la anterior ley educativa -la Lomce, más conocida como 'ley Wert' por el apellido del entonces ministro de Educación del PP que emprendió una guerra al catalán- se establece que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable". Ninguna otra norma educativa previa había mencionado al castellano como “lengua vehicular”. Esa misma ley incluyó muchos artículos que luego fueron anulados por el Tribunal Constitucional, como el que instaba a la administración educativa a "garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable”.
También anuló el Constitucional el artículo de la Lomce por el que las comunidades pagarían el centro concertado o privado a aquellas familias que no pudieran escolarizar sus hijos en un colegio público con el castellano como lengua vehicular. El llamado 'cheque Wert' fue solicitado por 154 familias, que representan al 0,04% del alumnado.
La actual norma, como todas a excepción de la ley Wert, tampoco menciona al castellano como lengua vehicular. Lo que sí dice la ley (Lomloe, más conocida por el apellido de la anterior ministra, Isabel Celaá) es que los estudiantes de Catalunya deberán terminar la enseñanza secundaria obligatoria con la competencia linguística requerida tanto en catalán como en castellano. Si algún alumno o alumna tiene carencias en alguno de los dos idiomas, los centros educativos impulsarán medidas para compensar esas lagunas. El objetivo es el pleno dominio bilingüe. Es decir, la Lomloe mantiene vigente la inmersión, pero de manera será flexible y compensada.
