El Ayuntamiento de Marbella aprobó este viernes en el pleno de noviembre reclamar a la Administración de Justicia -en este caso, a la Abogacía del Estado- que se ejecuten de manera forzosa las sentencias sobre el patrimonio de tres condenados por el caso Malaya cuya responsabilidad alcanza los 250 millones de euros, con el fin de evitar que los fallos judiciales puedan prescribir.

El pleno acordó también instar al Gobierno central a que incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 una modificación legislativa que mantenga, como ya se hizo en 2018, la posibilidad de retorno a la ciudad del dinero en concepto de multas derivado de procedimientos judiciales por corrupción.

El objetivo es destinar estos fondos, a través de la formalización de un convenio, al fomento de actuaciones de interés público general para la localidad.

El Tesoro Público cuenta, según el Ayuntamiento, con casi 3,1 millones de euros recaudados en relación con el caso Malaya.

También salió adelante una moción institucional de apoyo a los trabajadores de Unicaja, presentada por el PSOE y apoyada por todos los grupos políticos.

Los empleados se encuentran inmersos en un expediente de regulación de empleo (ERE), por lo que se ha instado al mantenimiento de los puestos de trabajo de un banco emblemático en la provincia de Málaga.

De prosperar, el ERE supondría el despido de más de 1.500 trabajadores -cerca del 15 por ciento del total de la plantilla-, de los cuales más de 350 trabajadores son en Andalucía, según el PSOE.