Pedro Sánchez quiere que su primera ministra de Educación, Isabel Celaá, se convierta en la nueva embajadora de España ante la Santa Sede, una legación estratégica, de las más importantes, delicadas y con mayor peso político. El Ministerio de Exteriores ya ha solicitado el preceptivo plácet al Vaticano, que habrá de responder en un plazo que el Gobierno espera que no se alargue mucho, de manera que Celaá podría aterrizar en Roma en unas cuantas semanas. El Ejecutivo no prevé fricciones y confía en que, en consecuencia, el relevo en la representación española ante el Papa se produzca pronto.

La noticia, adelantada por 'elDiario.es', y confirmada por fuentes gubernamentales a este periódico, supone un acomodo de primer nivel a la ministra duramente combatida por la derecha por haber impulsado la derogación de la 'ley Wert' a través de una nueva norma, la Lomloe, que ahora está desarrollando su sucesora. Celaá salió del Ejecutivo en la profunda remodelación del Gabinete que Sánchez acometió el pasado 10 de julio, después de que Celaá sacara adelante el anteproyecto de ley orgánica de Formación Profesional, que en septiembre llegó a las Cortes. La socialista vasca fue reemplazada por la aragonesa Pilar Alegría. Su relevo era esperado: Celaá (Bilbao, 1949) había ingresado en el Consejo de Ministros en junio de 2018, con el aterrizaje del líder socialista a la Moncloa, y su salida casaba con la intención del presidente de rejuvenecer su equipo y dar entrada a nuevos rostros.

Celaá sustituirá en el Vaticano a Carmen de la Peña, nombrada embajadora el 26 de octubre de 2018. De la Peña (Madrid, 1952), se va a jubilar próximamente, y atesora una carrera muy distinta a la de su sucesora. Ella ingresó en la carrera diplomática en 1979 y ha estado destinada en las embajadas de Pekín, Brasilia, Londres y Tel Aviv y en el Consulado General en Berna, y fue embajadora en Etiopía, Seychelles, Yibuti, Catar y observadora permanente ante la Unión Africana antes de liderar la representación diplomática ante la Santa Sede.

Sánchez elige ahora, tras cumplirse los tres años de De la Peña en el cargo, a una mujer de un perfil opuesto. Mucho más político. Celaá, licenciada en Filosofía y Letras (en la especialidad de Filología Inglesa) y en Derecho y catedrática numeraria de Bachillerato de Inglés, fue consejera de Educación y Universidades en el Gobierno vasco presidido por Patxi López (2009-2012), diputada en el Parlamento de Vitoria y en el Congreso, directora de Gabinete de Ramón Jáuregui cuando era consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Ejecutivo vasco (1995-1998), viceconsejera de Educación y vicepresidenta del Consejo Escolar de Euskadi y presidenta por delegación del Consejo Vasco de Formación (1991-1995). Toda una carrera política dedicada a la política educativa, que culminó con su entrada en el Ministerio de Educación y Formación Profesional en junio de 2018, cargo que compatibilizó con el de portavoz hasta enero del año pasado, cuando heredó esa parcela María Jesús Montero.

La relación con la Iglesia

La Lomloe ha enfrentado al Gobierno con un sector de la comunidad educativa. La norma sitúa a la red pública en el eje vertebrador del sistema y controla más la enseñanza concertada, incluye una batería de medidas para evitar la segregación escolar, limita las repeticiones de curso, despoja al castellano de su condición de lengua vehicular, cambia el modelo de reválidas implantado por el PP y hace que Religión, aunque de oferta obligatoria, deje de contar para la nota media del expediente, y no tiene asignatura espejo.

Exteriores, departamento que desde julio dirige el madrileño José Manuel Albares, no cree que el proceso de confirmación de Celaá se "tuerza" por la oposición de la Iglesia española a la ley. Los obispos ya denunciaron, en noviembre de 2020, cuando la norma pasó el primer trámite en el Congreso, "todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas", y señalaron su preocupación por que la ley introdujera "limitaciones" a los derechos y libertades de padres e hijos, y subrayaron su comprensión y apoyo a las movilizaciones en contra de ella. Tras la entrada de Alegría en el ministerio, la tensión con la concertada ha disminuido.

Las relaciones del Gobierno con el Vaticano no han sido malas en este tiempo. El 29 de octubre de 2018, tres días después de que De la Peña fuera nombrada embajadora, la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, viajó hasta la Santa Sede para reunirse con la mano derecha del papa Francisco, el cardenal Pietro Parolin. El Ejecutivo necesitaba la ayuda de Roma para facilitar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación no en la cripta privada de la catedral de la Almudena, sino en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. La Moncloa no tropezó con la oposición ni de la Santa Sede ni de los obispos españoles, pero sí de los benedictinos que custodian Cuelgamuros.

Calvo ya comenzó la interlocución con la Iglesia en otras materias, diálogo que ha continuado su sucesor al frente del Ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños. Así, tras una reunión de este con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, acordaron retomar los trabajos de las subcomisiones bilaterales creadas para tratar asuntos como la situación de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, el pago del IBI o la Obra Pía.

Pedro Sánchez, entonces presidente del Gobierno en funciones, junto a Isabel Celaá, en aquel momento ministra de Educación, durante una de sus reuniones con colectivos sociales, el 29 de agosto de 2019 en Madrid. José Luis Roca

Una cuestión que recorre desde años los programas y manifiestos del PSOE es la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. En su resolución del 40º Congreso Federal, del pasado octubre, el partido subraya que es "el momento de actualizar" esos acuerdos. En su página 462, se propone plantearlo al Parlamento y, si hubiera mayoría en las Cortes, se llevaría a cabo "en diálogo" con la Iglesia, "buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos Acuerdos con la Santa Sede propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos". El PSOE se compromete a avanzar hacia el "establecimiento de la autofinanciación de la Iglesia" y hacia la potenciación de la "educación laica y en valores".

Fuentes gubernamentales reconocieron a este diario que, en este momento, no está en mente del Ejecutivo activar la denuncia del Concordato de 1979. Tampoco figura esta revisión en el acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 30 de diciembre de 2019.

Celaá no será la primera embajadora 'política' en el Vaticano. José Luis Rodríguez Zapatero eligió al exalcalde de A Coruña Paco Vázquez para ocupar la legación entre 2006 y 2011. Su antecesor, entre 2004 y 2006, fue Jorge Dezcallar, previamente director del Centro Nacional de Inteligencia con José María Aznar en la Moncloa.

La exministra accede, a sus 72 años, a un puesto de primer orden en la representación de España en el exterior. El corolario de la carrera de una mujer que también apoyó a Sánchez en los momentos más duros. Ella presidió la comisión federal de ética y garantías (con Bolaños, por cierto, de número dos) cuando los notables del partido defenestraron a su líder en el luctuoso 1 de octubre de 2016, y continuó al frente del órgano tras el congreso de 2017. Concluida su carrera en el Ejecutivo, ahora emprende viaje hasta la Santa Sede.