El acuerdo costó meses. Casi un año de negociaciones. Pero, finalmente, PSOE y Unidas Podemos lograron cerrar un acuerdo en torno a la ley de vivienda a principios de octubre. El pacto dio por zanjada una de las principales disputas que tensionaban las relaciones en el seno del Gobierno de coalición. Aquellas tiranteces, ahora enterradas, podrían volver a salir a flote. Los morados presentarán varias enmiendas durante la tramitación parlamentaria de la norma, explican fuentes de Unidas Podemos, con la intención de arrancar al PSOE algunas de las peticiones que se dejaron en la mesa de negociación.
Antes de que termine el año -previsiblemente en la penúltima semana de diciembre-, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de vivienda y lo remitirá a la Cámara Baja. Será entonces cuando Unidas Podemos registre las enmiendas en las que están trabajando actualmente para mejorar el texto y contentar a los colectivos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que denunciaron que la norma era poco ambiciosa. La negociación entre ambos partidos del Gobierno se reabrirá, por tanto, aunque en un escenario distinto. Todo apunta a que los morados tendrán de su lado a los socios del Ejecutivo para presionar a los socialistas.
Durante los meses en los que las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos estuvieron encalladas, en las filas moradas ya se avisaba de que la norma debía cumplir unos mínimos para lograr el apoyo de formaciones como ERC o EH Bildu, esenciales para alcanzar la mayoría parlamentaria requerida. Al conocer los detalles de la norma, ambas formaciones tildaron de "insuficientes" las medidas acordadas. Así, Unidas Podemos podría contar con el respaldo del resto de partidos para obligar a los socialistas a ceder en algunos aspectos.
Principales demandas
Uno de los principales objetivos de Unidas Podemos es reducir el tiempo previsto para poner en marcha el sistema que obligará a los grandes propietarios a rebajar sus alquileres. El aún anteproyecto de ley establece un plazo de 18 meses desde la aprobación de la norma para que el Ministerio de Vivienda elabore un índice de precio al que los grandes fondos deberán ajustar la renta de sus inmuebles ubicados en las zonas declaradas tensionadas. El Gobierno confía en que el texto reciba el 'sí' definitivo de las Cortes a finales de 2022, por lo que no sería hasta la primavera de 2024 cuando entrara en vigor esta medida.
Los morados quieren reducir considerablemente este periodo de 18 meses. En el partido están barajando registrar una enmienda para que ese plazo sea tan solo de 3 meses. Así, la medida estaría en marcha entorno a abril de 2023, justo antes de las elecciones autonómicas programadas para mayo de ese año.
Además, podrían escuchar también las demandas de distintos colectivos que reclaman que la declaración de una zona tensionada -aquellas en las que se podrán aplicar las medidas- requiera de menos requisitos de los que plantea la norma actual o que los ayuntamientos puedan solicitar esta declaración sin necesidad de que la autonomía aplique la norma. De esta forma se escaparía al control de las comunidades que ya han avisado que no harán uso de la ley.
