La receta del Gobierno para afrontar la nueva ola de covid, la sexta ya, bascula sobre dos ejes: la vuelta de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores desde este viernes, 24 de diciembre —apenas seis meses después de que se relajara su uso—, y la aceleración de la vacunación. Adicionalmente, se facilitará la contratación de más personal para intentar descargar una atención primaria saturada y se pondrá a disposición de los ciudadanos más test de antígenos para el autodiagnóstico, se reforzarán los efectivos militares. Pero no habrá restricciones generales, aplicables a todo el país, porque el Ejecutivo considera que el momento hoy es otro, que no se puede comparar la situación epidemiológica y hospitalaria de diciembre de 2021 con la de hace un año o con la del arranque de la pandemia. El Gobierno hace descansar en las autonomías, eso sí, la posibilidad de imponer limitaciones de aforos o cierres de actividades.
Sobre esos dos pilares, tapabocas e inmunización (tercera dosis y vacunación a los niños), Pedro Sánchez construyó su propuesta a las comunidades en la XXV Conferencia de Presidentes, convocada de urgencia y celebrada este miércoles por la tarde de manera telemática y en el Senado y a solo dos días de la Nochebuena. Un momento en el que le llovían los reproches por la inacción ante el aumento desbocado de los contagios: España ha superado por segundo día consecutivo el máximo de contagios de la pandemia al notificar 60.041 nuevos casos. Sánchez planteó medidas de mínimos y no hubo, por tanto, sorpresas. El líder socialista les adelantó que reunirá al Consejo de Ministros este jueves de manera extraordinaria y monográfica para aprobar un real decreto ley con una nueva batería de medidas, encabezadas por ese uso de la mascarilla en la calle, y se comprometió a un análisis periódico con ellos, cada diez días, de la evolución de la pandemia. “Ciencia y prevención son las respuestas” con las que el Ejecutivo cree que se podrá “sortear” esta sexta ola, defendió Sánchez después en rueda de prensa en la Cámara alta, al término de una cumbre que se prolongó durante tres horas.
Varios presidentes, en especial Pere Aragonès (Cataluña, ERC), Iñigo Urkullu (Euskadi, PNV) y Alberto Núñez Feijóo (PP), consideraron “insuficientes” las nuevas herramientas y pidieron apretar más las tuercas ante el riesgo de una mayor tensión en el sistema sanitario. También fueron exigentes otros barones del PP, mientras que los del PSOE secundaron la posición de su jefe de filas. En el otro extremo, y no era sorprendente, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que rechazó las mascarillas al aire libre y el recurso a los rastreadores militares y se encomendó a los test, las vacunas y el “autocuidado”. Lo que sí fue una reclamación general, común a los presidentes de uno y otro signo, fue la articulación de un tercer fondo covid, petición a la que el Gobierno se niega porque considera que será suficiente con los 7.000 millones ya presupuestados para 2022, aunque “no habrá problema” en aumentar los recursos si es necesario, tranquilizó Sánchez.
Las salvedades
Como el presidente detalló en el arranque de esta conferencia (la número 19 desde el estallido de la pandemia), el Consejo de Ministros de este jueves aprobará el real decreto ley que volverá a hacer obligatoria la mascarilla en exteriores, seis meses después de que se relajara su uso. El tapabocas será necesario en la calle desde el viernes 24, Nochebuena. El Gobierno, tras escuchar las peticiones de varios presidentes (Alberto Núñez Feijóo, Galicia; Javier Lambán, Aragón; Fernando López Miras, Murcia, o Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León), introducirá salvedades en esa obligatoriedad: así, no hará falta llevar esta protección al hacer deporte o cuando una persona esté “en el campo o en un espacio natural”. Es decir, en zonas rurales, en playas o montaña, solo habrá que ponerse la mascarilla cuando no se puede garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros con quien no sea conviviente.
La obligatoriedad de la mascarilla será temporal y decaerá “cuanto antes sea posible”. Sánchez alegó que había sido reclamada por una “amplísima mayoría de presidentes”. Es cierto, pero choca con la comunidad científica, que ha venido insistiendo en que los contagios en exteriores son mínimos, mientras que el riesgo aumenta en interiores mal ventilados, contra los que no se actúa desde el Ejecutivo, aunque este sí apoya las acciones que adopten las comunidades, que son las que tienen las competencias. España no se alineará, pues, con otros países de su entorno, que han impulsado medidas menos laxas.
El presidente, pues, se escudó en que su Gobierno recoge el “testigo” de lo que han planteado la mayoría de autonomías y en que la mascarilla se ha probado como una “herramienta eficaz”, “fundamental” para prevenir los contagios, sobre todo porque la variante ómicron es altamente contagiosa. Los presidentes, cierto, apoyaron la propuesta casi de forma unánime. La rechazó sin ambages Ayuso (debería ser una “recomendación” solo) y no la cree necesaria el presidente aragonés, el socialista Javier Lambán. Los socios del Ejecutivo, sin embargo, criticaron la medida por “inútil”.
En paralelo, se intensificará y acelerará el proceso de vacunación: el 80% de los mayores de entre 60 y 69 años habrán de recibir la tercera dosis antes de que acabe 2021; el 80% de entre 50 y 59 años, para el 24 de enero; el 80% de entre 40 y 49, en la primera semana de marzo; el 70% de los niños de entre 5 y 11 años, con la primera dosis para el 7 de febrero y con la segunda para el 19 de abril. El tercer pinchazo se extenderá también a los menores de 40. Sánchez explicó que a quienes se administró el suero de Pfizer o Moderna recibirán la tercera dosis seis meses después de la última. En el caso de aquellos vacunados con AstraZeneca o Janssen, será a los tres meses. Aquellos que se han infectado tras recibir la pauta completa tendrán el tercer pinchazo cuando estén recuperados y a la espera de lo que decida la Ponencia de Vacunas. El líder socialista añadió que no habrá dificultades de suministro: España cuenta con una reserva de ocho millones de dosis y habrá 90 millones en 2022.
292 millones de euros
Además, para aliviar la atención primaria, se aumentará el número de profesionales sanitarios disponibles y se mejorarán sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8%. Los Presupuestos destinarán 292 millones de euros a este plan, la mayor parte transferidos a las comunidades. El Gobierno, asimismo, permitirá a las autonomías la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado y se habilitará la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados de fuera de la UE. Se emitirán autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para que estén a disposición de la población. Con ello se pretende paliar la carencia de estos kits. Sánchez anticipó que espera que el suministro aumente la semana próxima.
El presidente propuso reforzar los dispositivos de inmunización con equipos de vacunación de las Fuerzas Armadas, y se pondrán a disposición de las comunidades hospitales de la red sanitaria militar. Las comunidades podrán acceder a 150 equipos móviles de vacunación, y también el Hospital Gómez Ulla de Madrid o el Hospital General de la Defensa de Zaragoza como centros de apoyo. También el Ejecutivo mantiene activado el mecanismo para solicitar rastreadores militares como recurso "adicional". Ahora mismo, explicitó, hay 1.052 efectivos activados.
Tal y como ayer aprobó la Comisión de Salud Pública, apuntó, se flexibilizan las cuarentenas: las personas que hayan tenido contacto directo con un contagiado no deberán aislarse en caso de estar vacunados con pauta completa. También recordó que según lo aprobado por la Comisión Europea, a partir del 1 de febrero de 2022, el periodo de validez de la inmunización será de 9 meses desde la fecha de la administración de la última dosis. Con ello se pretende incentivar el tercer pinchazo.
Sánchez insistió en que España no está ni como cuando arrancó la pandemia ni como hace un año, porque la vacunación ha permitido que el nivel de contagios no se traslade a hospitalizaciones o ingresos en ucis. ¿Pero por qué no restricciones en interiores, en restaurantes o en el ocio nocturno? El presidente incidió en que las comunidades pueden añadir recomendaciones o arbitrar medidas complementarias en el marco de sus competencias, pero cree que mascarilla e inmunización servirán para atajar esta sexta ola.
Varios presidentes fueron más exigentes. Urkullu, el primero que tomó la palabra, alertó de que hacen falta "criterios y medidas" ante unas tasas de contagios altísimas y ante un "estrés evidente" de la atención primaria. El presidente vasco insistió en que las comunidades no disponen de las herramientas jurídicas "suficientes" para hacer frente al covid, por lo que a su juicio haría falta un acuerdo que favorezca la "seguridad jurídica". Urkullu reclamó que se establezca el horario máximo de cierre a la una de la madrugada, limitar los aforos en eventos sociales, culturales o deportivos; limitar el consumo máximo de 10 personas por mesa, prohibir el consumo de pie o recomendar que las comidas y cenas navideñas reúnan a un máximo de 10 personas y dos unidades familiares.
Para Pere Aragonès, hacen falta medidas "impopulares pero imprescindibles", porque la tercera dosis "no puede ser la única vía para combatir esta sexta ola". "No podemos esperar a febrero o marzo cuando tengamos la protección" del pinchazo de refuerzo, argumentó, porque para entonces el impacto del virus puede ser de tal calibre que podría "bloquear y colapsar el sistema sanitario". Feijóo, como hicieron los demás presidentes autonómicos del PP, y en línea con lo que demanda la dirección nacional de su partido, exigió una ley de pandemias, pero también fue de los que cree necesario imponer restricciones, como extender el certificado covid "a todos los ámbitos que sea posible", aplicar el semáforo covid para ordenar los interiores en función de la incidencia o cuarentenar a los contactos de positivos, salvo para los que tengan tres dosis. También cree que debe pensarse la conveniencia de "celebrar los cotillones de Nochevieja y de organizar las cabalgatas de forma estática". Feijóo, por tanto, se situaba a años luz de Ayuso, de su misma formación.
El Gobierno no comparte prohibir las fiestas de fin de año, aunque se seguirá analizando la evolución de la pandemia, alegó. Y también cree que pueden celebrarse las cabalgatas de Reyes porque a comienzos de 2021, cuando no había vacunas, pudieron celebrarse, así que en 2022 los niños y sus familias podrán disfrutar de ellas ("nuestros niños se las merecen"), evitando aglomeraciones y sin dejar la mascarilla. Sin embargo, pese a lo afirmado por el presidente, este año sí que se cancelaron en numerosas ciudades.
Otros presidentes del PP fueron menos exigentes, en cuanto a la necesidad de medidas, que Feijóo. El andaluz Juanma Moreno puso el acento en el montaje de un "órgano efectivo de verdad" de coordinación entre las comunidades, aunque cree acertado que se convoquen de manera periódica estas cumbres de presidentes. López Miras reclamó "medidas coordinadas para todo el territorio nacional ante la sexta ola, así como criterios comunes para toda España en función de la incidencia".
Los barones socialistas cerraron filas con su líder. "Podemos hacer todas las recomendaciones que queramos, haremos más para los próximos días, pero una cosa es recomendar y otra restringir derechos fundamentales y libertades públicas" cuando no hay saturación en hospitales ni en las ucis, sostuvo el extremeño Guillermo Fernández Vara. El valenciano Ximo Puig subrayó que no se pueden adoptar "las mismas medidas que las de la primera ola, porque la situación es distinta". "Ahora tenemos vacunas y conocimiento y hay que tomar medidas propias de 2022", defendió. Esto es, acelerar "al máximo" la vacunación (en lo que también coincidió Vara), con "todas las dosis que hagan falta" o aumentar y facilitar el acceso a los test por parte de los ciudadanos. Sí solicitó al Ejecutivo "apoyo para poder financiar la respuesta a la pandemia" y "pactar acciones conjuntas ante las fiestas de fin de año".
El castellanomanchego Emiliano García-Page reconoció la "confusión jurídica" que hay en torno a la legislación sanitaria, que se ha complicado por las dos sentencias del Tribunal Constitucional que anularon los dos estados de alarma. "Cuando nos planteemos una legislación tendrá que ser orgánica para que tenga potestad constitucional. Es evidente que la clave estará en la movilidad. Si la situación se pusiera difícil, yo reclamaría drásticas decisiones en las fronteras con España y entre comunidades. Si no hay problemas a la movilidad, es muy difícil que las medidas que tomamos de manera parcelada tengan una eficacia”, advirtió Page, quien no ve necesario tomar más medidas en su comunidad, la que tiene ahora mismo la incidencia más baja de toda España (374,92 positivos por 100.000 habitantes).
De la línea de consenso socialista se apartó Lambán. El presidente aragonés dijo compartir las medidas anunciadas por Sánchez, pero no las cree "suficientes", y en su caso intentará pactar otras con algunas comunidades, medidas homogéneas, dijo, que se puedan implantar "poco a poco" en el conjunto del país.
