El maná de los fondos europeos, los 140.000 millones de euros que, entre transferencias y préstamos, llegarán a España en un periodo de seis años, están ya en el centro de la arena política. En un momento, además, muy delicado para los socialistas, tras el enredo de la carne y a menos de un mes de las elecciones en Castilla y León, las del 13 de febrero, en las que partían muy debilitados. Pablo Casado acusa al Gobierno de "clientelismo", de repartir "a dedo" las ayudas. Un reproche muy grueso al que el Ejecutivo responde insistiendo en que no hay ninguna irregularidad, en que la vigilancia de la UE es exhaustiva, constante, "brutal" incluso. Hay "preocupación cero" en Bruselas, sentencian desde el bipartito. Más aún: la "confianza" en su gestión de los recursos, dicen, es total.
Pedro Sánchez quiere que en esta segunda parte de la legislatura el esfuerzo de su Gabinete se focalice en la superación de la pandemia y en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el instrumento que canalizará la recepción de los fondos y que fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. La carta del presidente es, pues, la economía. La esperanza de que los ciudadanos, en 2023, al término de la legislatura, valoren el rebote de la actividad y el impacto en sus bolsillos. De ahí que se haya dispuesto a intentar combatir los misiles de grueso calibre del PP, aunque por el momento la Moncloa no contempla una comparecencia extraordinaria de Sánchez en el Congreso.
Isabel Díaz Ayuso calentó la escena la semana pasada, al anunciar que la Comunidad de Madrid había presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Gobierno por el reparto, por real decreto, de nueve millones de euros a cuatro comunidades (Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana y Extremadura), el 0,03% de los 24.198 millones presupuestados en 2021 en el PRTR. La Xunta de Galicia baraja seguir los pasos de Ayuso. El resto de autonomías dirigidas por el PP secundó las críticas (también se quejó el regionalista cántabro Miguel Ángel Revilla) y Casado amenazó con denunciar ante la Justicia y ante Europa la distribución a su juicio discrecional de los fondos.
En el Gobierno de Sánchez creen que no tendrá recorrido el recurso de la presidenta madrileña, pero más allá de la suerte judicial del decreto de los nueve millones, están convencidos de que la ofensiva del PP no logrará paralizar la llegada de los fondos en ningún caso, ni arruinar un programa de inversiones públicas de hasta 140.000 millones que pretende movilizar otros 500.000 millones en inversión privada "e impulse una modernización de la economía en clave verde, digital y social". El "desafío" real es "ejecutar" un volumen tan ingente de fondos, similar al recibido por España desde Bruselas en tres décadas, y en muy poco tiempo. La Comisión inyectó en agosto 9.000 millones de prefinanciación y otros 10.000 millones en diciembre. 19.000 en total, y para 2022 los desembolsos previstos, asociados al cumplimiento de hitos asociados a reformas y objetivos, son de 18.000 millones más. Los pagos de los 69.513 millones en transferencias se liberarían hasta 2026, a los que se sumarán los préstamos, que España solicitará en este año.
En 2021 se asignaron 11.247 millones a las comunidades. Las seis primeras en la recepción de fondos son Andalucía (1.915 millones, el 17,2% del total), Catalunya (1.578 millones, el 14,2%), Madrid (1.213, el 10,9%), Comunitat Valenciana (1.054, el 9,5%), Castilla y León (742.108 millones, el 6,7%) y Galicia (681.482, el 6,1%). Cuatro de ellas, insisten en el Gobierno, lideradas por el PP, así que no hay "discrecionalidad política". Esgrimen que el reparto ha sido adoptado por acuerdo entre el Gobierno y las comunidades (también las dirigidas por los populares) en 59 conferencias sectoriales. "Sin votación, por tanto".
¿Qué ha ocurrido con los nueve millones? Se trata de una subvención del Ministerio de Trabajo a cuatro autonomías por un proyecto piloto dirigido a jóvenes, para mejorar las posibilidades de inserción laboral. Cuatro comunidades elegidas por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), decisión que no pasó por la conferencia sectorial, explican en el Ejecutivo, porque se trataba precisamente, de un piloto, de una experiencia que se pretende "escalar" si funciona, y así figuraba en el plan "desde el inicio". Se optó por seleccionar mercados de trabajo "diversos": más agrario (Extremadura), más industrial (Euskadi), más turístico (València) y con zonas despobladas (Navarra, por su región pirenaica). En el Gobierno recalcan que de los 20 millones programados para pilotos por Trabajo, se han adjudicado nueve, pero faltan otros 11, que podrán demandar otras autonomías.
Hay un segundo real decreto, también del pasado octubre, aprobado para este tipo de proyectos, por importe de 109 millones e impulsado por el Ministerio de Inclusión para las personas con riesgo de exclusión social. En este caso, las comunidades beneficiadas fueron Euskadi, Galicia, Asturias, València, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Extremadura, más Ceuta y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. En el Gobierno subrayan que aunque en España no hay "tradición" de proyectos piloto, las subvenciones directas se han concedido según un procedimiento "habitual" y plenamente conforme a la ley.
Casado volvía a insistir este martes en la necesidad de crear una agencia independiente que gestionara los fondos de manera "eficaz", "transparente" y evitando los "clientelismos", informa Miguel Ángel Rodríguez. La Comisión Europea “confía plenamente en España”, respondió la portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.
Desde el Ejecutivo reconocen que Bruselas ha preguntado en los últimos días por la polémica y que tanto desde la Moncloa como Economía se mantuvieron conversaciones con las autoridades comunitarias para despejar dudas. "El nivel de preocupación en la Comisión es cero. Cero, cero, cero", refrendan en la Moncloa. En este sentido, explican que la fiscalización del dinero son muchos, y la pauta la marca minuciosamente el artículo 22 del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que habilita a las autoridades comunitarias a pedir explicaciones y presentarse incluso en el país cuestionado en 24 horas. Dentro de España, hay varios niveles de control. Uno primero, los habituales de las administraciones, aunque en este caso Bruselas ha exigido un sistema informático único para todas las administraciones que gestionan los fondos y al que también tiene acceso la Comisión. Es decir, que el Ejecutivo comunitario puede comprobar el rastro de los recursos "en tiempo real e incrustado en el sistema informático". Dos, la vigilancia de órganos como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la AIReF... Y tres, los controles ex post, las auditorías. Además, se pide un plan antifraude para cada entidad que reciba fondos y procedimientos para prevenir los conflictos de interés.
Es decir, que frente al intento que el Gobierno tacha de irresponsable del PP de tender un "velo de sombra" sobre la gestión de los fondos, hay "transparencia" y "fiscalización" extrema, porque toda la información "es pública" y está colgada en la página específica del plan de recuperación, que se irá enriqueciendo en las próximas semanas. El Ejecutivo insiste en que España fue el primer país que firmó las disposiciones operativas y el primer país al que la UE dio el visto bueno posterior. De hecho, resaltan, la liberación de los 10.000 millones el pasado 27 de diciembre responde al "cumplimiento al 100%" de los hitos y objetivos marcados.
De los 24.198 millones de los fondos europeos incluidos en los Presupuestos de 2021, el 91,4% (22.124 M€) está autorizado, y está comprometido el 86,7% (20.973 M€). Ahora, hay 424 convocatorias en curso por importe de 13.000 millones, de las que 182 están abiertas y 282 han sido cerradas y están en fase de resolución o culminadas. Está previsto además que se abran en las próximas semanas 88 convocatorias por valor de 7.899 millones. En el primer semestre de este año se abrirán en torno a 200 por más de 17.000 millones.
