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A la espera de diligencias

La fiscalía prevé archivar también las diligencias a empresarios por las comisiones del AVE a La Meca

El carpetazo suizo y el que se producirá de las pesquisas abiertas al emérito previsiblemente en febrero son la antesala

Fachada de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Ninguna investigación con ramificaciones internacionales resulta sencilla y si, además, le sumas que los hechos ocurrieron hace más de una década y que uno de sus protagonistas es nada menos que el rey emérito, todo se complica extraordinariamente. Por eso la Fiscalía Anticorrupción no se muestra optimista respecto al futuro de las diligencias de investigación que tiene abiertas, al margen de Juan Carlos I, en relación con el presunto pago de comisiones por la construcción del AVE a La Meca.

Fuentes fiscales admiten a EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, que lo más probable es que las diligencias por la adjudicación a empresas españolas de esa concesión antes o después corran la misma suerte que las tres seguidas contra el rey emérito, cuyo archivo se anunció a principios del pasado mes de octubre y se calcula que pueda producirse en febrero.

Se trata de los mismos hechos por los que se abrieron las primeras diligencias de investigación al Juan Carlos I, después de que se oyera a su examante Corinna Larsen contarle al excomisario José Manuel Villarejo que el rey Juan Carlos había cobrado 65 millones de euros de la monarquía saudí en concepto de comisiones por las obras del AVE por su mediación a favor del entramado empresarial que resultó adjudicatario.

Corrupción en las transacciones

Con esos audios, la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias para determinar si se habían cometido delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho que habrían sido cometidos por ciudadanos españoles y extranjeros fuera de España, mientras que se enviaba a la Fiscalía del Supremo lo relativo al rey emérito, dada su condición de aforado por la que solo puede responder penalmente ante la Sala Segunda del alto tribunal.

En un primer momento, el ministerio público barajó la posibilidad de archivar estas diligencias abiertas al emérito por tratarse de hechos ocurridos cuando era todavía jefe del Estado, lo que le confería inviolabilidad. Esa circunstancia hacía que, con independencia de los indicios que se recabaran en su contra, el archivo fuera inevitable. Finalmente el ministerio público decidió evitar un goteo de decisiones sobre el exmonarca y adoptar una que englobara todas las pesquisas: la de los 65 millones, pero también la del uso de tarjetas opacas y la del fondo descubierto en la isla de Jersey.

Hasta agosto

Las diligencias que siguieron en Anticorrupción contra los no aforados no necesitarían una nueva prórroga hasta agosto y su futuro está pendiente de varias pruebas en tramitación, aunque la fundamental es una comisión rogatoria a Arabia Saudí en relación a los datos bancarios de los participantes en la transacción económica, con los que se podría comprobar si hubo algún ingreso injustificable del que luego el rey español habría recibido una parte.

La investigación suiza tampoco ha ayudado a las pesquisas españoles, más bien al revés. El fiscal suizo Yves Bertosa la cerró el pasado mes de diciembre. Afectaba a Corinna Larsen, el gestor de patrimonio Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica. Ambos constituyeron la Fundación Lucum, con sede en Panamá, en cuya cuenta del banco Mirabaud se ingresaron los 65 millones de euros que recibió el emérito y que en 2012 fueron transferidos a otra cuenta de la primera en Bahamas. Bertossa no encontró indicios que permitieran no considerar ese dinero como un "regalo de hermano" que el rey Abdala, fallecido en 2015, hizo a Juan Carlos I.

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