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Tribunales

El 'caso Erial' aterriza en Castellón

El juez ha solicitado a varios ayuntamientos que entreguen a la UCO de la Guardia Civil una serie de documentación relacionada con contratos

Eduardo Zaplana.

El caso Erial aterriza de nuevo en Castellón. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga en en el proceso al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, ha acordado prorrogar la investigación durante seis meses más ante la necesidad de desarrollar nuevas pesquisas. En concreto, la magistrada ha librado mandamientos a tres ayuntamientos castellonenses, los de Nules, Vilavella y Alcalà de Xivert, y a la Autoridad Portuaria de Castellón para que entreguen a la UCO de la Guardia Civil una serie de documentación relacionada con contratos.

El objetivo es analizar la presunta relación de la firma energética Elecnor con diversas operaciones que figuran en un atestado aportado por la Guardia Civil, así como su relación con alguno de los investigados, especialmente con el exconseller del PP Fernando Castelló, según ha informado Efe. En el 2020 el instituto armado ya intervino documentación en la vivienda de Castellón en la capital de la Plana.

En concreto, se ha solicitado a los ayuntamientos castellonenses de Nules, Vilavella y Alcalà de Xivert que aporten de manera inmediata todos los expedientes de contratación promovidos por estos consistorios entre 2010 y 2015 en los que la adjudicataria fuera Elecnor, una compañía fundada en Bilbao, con sede en Madrid y que cuenta con una delegación en Castellón.

Expediente del puerto

Asimismo, a la Autoridad Portuaria de Castellón se le reclaman los expedientes de contratación por los que pagó 21.780 euros en los ejercicios 2012 y 2013, cuando era presidente de PortCastelló el integrante del PP, Juan José Monzonís, a la mercantil castellonense Valora Energía Empresa de Servicios, así como los documentos relativos a la adjudicación y a la ejecución de esos contratos. En este caso concreto, la colaboración con la UCO ha sido completa por parte de la Autoridad Portuaria, y ha facilitado ya este contrato en concreto que, según ha podido saber Mediterráneo, es el único que se ha solicitado. Se trata de una adjudicación de trabajos menores que, por tanto, no precisaban una licitación a través de concurso, para un informe de eficiencia energética relacionado con los edificios de administración del puerto, por el que nunca se llegó a realizar instalación posterior de placas solares.

La jueza ya había comunicado la semana pasada a las partes personadas en la causa que todavía no estaba analizada toda la documentación intervenida y de que de su análisis podría resultar necesaria la práctica de nuevas pruebas, por lo que consideraba necesaria una nueva prórroga de otros seis meses.

"Daño reputacional"

En relación con el caso, el actual presidente de PortCastelló, Rafa Simó, ha apuntado en su perfil de Facebook: "El mayor daño que nos han hecho, y desafortunadamente nos siguen haciendo, es el reputacional", para ratificar que la colaboración con la Guardia Civil para esclarecer los hechos es "total".

Tras consulta a las partes y al Ministerio Fiscal, la magistrada ha acordado prorrogar seis meses la instrucción de la causa en la que figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, el exconseller y exsecretario de Estado con el PP Fernando Castelló, y la exdiputada del PP Elvira Suanzes.

Otros investigados

Empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada exdiputada autonómica, son otros de los investigados en el caso Erial, así como la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; su hija María Zaplana, y su secretaria Mitsuko Henríquez.

Sobre Zaplana, quien fue detenido el 22 de mayo de 2018 y puesto en libertad el 7 de febrero de 2019 (aunque en ese periodo pasó 51 días en un hospital para ser atendido de la leucemia que padece desde 2015), y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El caso se centra en las adjudicaciones de las ITV de la Comunidad Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011, unas operaciones que, mediante el supuesto cobro de comisiones ilícitas, pudieron reportar a la trama supuestamente corrupta cerca de 11 millones de euros.

Por el momento se ha descubierto gran parte del supuesto entramado societario que sirvió a Zaplana y sus testaferros para ocultar esos fondos, pero al parecer queda por analizar diversa información sobre operaciones comerciales e inmobiliarias posteriores que pudiesen haber servido para repatriar fondos desde cuentas en el extranjero y blanquearlos. 

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