Después de unos segundos de incertidumbre, Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, confirmaba la aprobación en la Cámara Baja de la reforma laboral sin la mayoría de la investidura. Sin embargo, no han sido los dos parlamentarios de UPN, como se esperaba, quienes han servido de muleta al Ejecutivo de coalición, sino que la batería de medidas ha salido adelante gracias a un error del diputado por el PP por Cáceres Alberto Casero, que ha votado telemáticamente.

Este licenciado en Derecho fue alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019, época por la que, según confirmó el pasado noviembre El Periódico de Extremadura, está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo por un presunto delito de prevaricación continuada.

Las indagaciones se centran en las contrataciones que Casero hizo en el Consistorio trujillano, sin cumplir con los requisitos legales estipulados para la contratación pública, entre las que destacan una de 30.000 euros por parte de la Cámara de Comercio de Perú en España, otra por valor de 56.628 euros derivados de la celebración de los premios PopEye y la de un psicólogo que prestó servicios a mujeres víctimas de violencia de género y al que se le adjudicaron cinco contratos.

Durante su etapa como regidor, Casero ocupó además otros cargos: fue senador, entre 2011 y 2015; presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Trujillo, en los mismos años; y vicepresidente primero de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, entre 2015 y 2019.