El PP de Castilla y León cuenta con que la negociación para investir a Alfonso Fernández Mañueco se prolongará lo máximo posible, hasta el final. El lunes el presidente de la Junta empezará la ronda de contactos, aunque las miradas se dirigen sobre todo a Vox. El PP considera que el PSOE no tiene ninguna intención de facilitar un gobierno popular y, aunque Génova vio con buenos ojos la posibilidad de sumar apoyos de partidos localistas para forzar una abstención de Vox, el partido ultra ha dejado muy claro que eso no sucederá. Vox quiere ser tratado como el socio prioritario y cuenta con que todos los caminos terminarán dándole su sitio. Ahora la posición de la formación de Santiago Abascal se ha visto reforzada por el estallido de la guerra total entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, a cuenta del supuesto espionaje de Génova para buscar trapos sucios del hermano de la presidenta madrileña.

De hecho, la preocupación en el entorno de Mañueco tiene mucho que ver con el ruido a nivel nacional. Mientras todas las miradas se centren fuera del marco de Castilla y León o en el partido de Santiago Abascal, sus exigencias y las respuestas públicas del PP (que Vox vende entre los suyos como “un desprecio”), “ellos seguirán envalentonados”, explican a este diario. “La negociación va a ser muy difícil. No rebajarán expectativas mientras todo siga así”, insisten, preparándose para conversaciones que transcurrirán a fuego lento y entre permanentes tiras y aflojas.

El calendario da un margen consistente. “Hasta el 10 de marzo hay tiempo”, repiten como un mantra dentro del PP. Ese día se constituyen las Cortes de Castilla y León y las fuerzas tendrán que alumbrar su primer gran pacto al repartir la Mesa de la Cámara autonómica. A partir de ese momento se puede celebrar una sesión de investidura (y desde que se celebre pueden transcurrir dos meses para una nueva votación). 

El punto de partida del PP es pelear por un gobierno en solitario y cuando llegue el momento de hablar con Vox, abordar en primer lugar una negociación de políticas y programa. Intentar buscar puntos de acuerdo. La línea roja la fijaron el propio Mañueco y Pablo Casado en el comité ejecutivo nacional del martes. “Quien quiera pactar con nosotros tendrá que aceptar y respetar nuestros principios”, zanjó el líder nacional. El mensaje no era otro que advertir a Vox de que será imposible avanzar mientras traten de marcar la agenda exigiendo derogar pilares del ideario del PP. “Vox ni siquiera es partidario de la España autonómica. Lo primero que han hecho es exigir la derogación de la ley autonómica contra la violencia de género. Son ellos los que se van a tener que mover y moderar. Nosotros estamos en nuestro sitio y no vamos a movernos”, reflexionan en la cúpula.

Casado y Mañueco en el comité ejecutivo nacional. PP

La hoja de ruta de la dirección nacional siempre ha pasado por no compartir gobiernos de coalición con Vox. Ahora preocupan las elecciones andaluzas, pero de reojo Génova siempre mira las elecciones generales y la obsesión de que Casado llegara a la carrera final de la Moncloa sin ataduras de ese tipo. En Castilla y León la mirada es otra. Entienden que estas elecciones afectan a su territorio y que deben resolver la situación sin tutelas ni imposiciones a futuro. En el equipo de Mañueco no quieren oír hablar de repetición electoral.

A pesar de que hay sectores dentro del PP que siguen pensando que Vox no tenía como prioridad entrar en el gobierno autonómico (mantienen que la negociación se alargará y que la lógica dice que un partido nunca parte de su objetivo real, sino que debe estar dispuesto a ir cediendo) Abascal ha sido nítido al exigir “por derecho y por deber” formar parte del próximo gobierno. El partido ultra no ve positivo lanzar el mensaje de que lo único importante son los sillones de un gobierno y, por eso, poco a poco modula sus posiciones hacia los cambios en las políticas. Negociar el ejecutivo autonómico vendrá después. Pero, en privado, el núcleo duro del partido sigue sosteniendo que exigirán la coalición y que incluso no temen verse en la tesitura de unas nuevas elecciones autonómicas.

De Madrid a Alicante: Vox presiona al PP

Y en mitad del clima poselectoral las relaciones entre PP y Vox se van tensando en otros territorios. El partido ultra ha aprovechado su tirón en Castilla y León para apretar a los populares y marcar perfil propio. Lo hizo esta misma semana en la Asamblea de Madrid al presentar una enmienda a la totalidad a la ley de autonomía fiscal (proyecto estrella de Ayuso y su consejero Javier Fernández Lasquetty en plena batalla con el Gobierno por la armonización fiscal pregonada en su día desde Moncloa). Vox se despachó en un comunicado criticando la ley “que no mejora la vida de los madrileños ni rebaja sus impuestos”, asestando un golpe a la presidenta que en el PP de Madrid no han encajado con facilidad

Como publicó este diario, la irrelevancia en la que Vox se ha visto atrapado en la Asamblea de Madrid con Ayuso en indiscutible auge es uno de los motivos por los que Abascal exigió a los suyos cambiar el rol frente al PP, empezando por Castilla y León, donde siempre tuvieron claro que impondrían a Mañueco un ‘acuerdo duro’.

Este mismo martes la coalición de PP y Ciudadanos que gobierna el Ayuntamiento de Alicante sacó adelante sus cuentas de 2022 gracias a la decisiva abstención de Vox. El partido ultra puso en valor los recortes conseguidos en áreas sociales. Como publica el Diario Información, Vox arañó una disminución de 90.000 euros en Cooperación e Inmigración, el recorte del 50% en materia LGTBI y destinar las subvenciones de Igualdad a la violencia intrafamiliar, otra de las grandes banderas de los de Abascal en el Congreso. Justo hace dos días Vox también apoyó la ordenanza de mendicidad y prostitución para la ciudad alicantina, que establece multas de hasta 3.000 euros entre críticas de la izquierda, que acusaron al bipartito de impulsar una normativa “cruel”.

El mismo martes y casi a la misma hora Vox defendía en el Congreso de los Diputados dos iniciativas que pedían endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad española y la suspensión de visados a ciudadanos de Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania. El PP, en este caso, dejó muy claro que votaría en contra.