Shahpari Azzamy Zanganeh, a la que en 2006 Juan Carlos I comisionó a través de una carta al príncipe Bin Abdul Aziz para poder realizar gestiones ante él, al considerarla "persona de confianza", ha iniciado dos arbitrajes ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para reclamar las cantidades que aún no ha cobrado por los servicios de consultoría que prestó a través de su empresa Epica, durante ocho años para el consorcio hispano-árabe adjudicatario de la obras del AVE a La Meca.
En el decreto de archivo de las diligencias abiertas contra el emérito, la Fiscalía del Tribunal Supremo afirma que el contrato firmado por Zanganeh establecía que "el precio de sus servicios se fijó en una cantidad equivalente al 2% del valor contractual total del proyecto, que debía ser pagada a prorrata por cada una de las compañías, según su porcentaje de participación en el proyecto. No obstante, una adenda al contrato, de fecha 16 de octubre de 2011, modificó la cuantía de la comisión a cobrar por parte de Zanganeh, estableciendo una comisión fija equivalente a 66.583.530 euros, más 156.000.000 riales saudíes (al cambio de 18 de mayo de 2011 la suma de 29.200.905 euros) lo que hacía un total de 95.788.435 euros".
Sin embargo, el ministerio público admitía que había "cobrado solo una parte de lo pactado: 34.808.810 euros y 46.172.927 ryales saudíes. El resto no ha sido satisfecho por las empresas españolas acogiéndose a la aparición de informaciones en prensa en las que se daba cuenta de la posible implicación de Zanganeh en el pago de comisiones ilegales", motivo por el que ha acudido a la Corte Internacional de Arbitraje para reclamarlo, según informa en un comunicado, en el que precisa que, con anterioridad al suyo, el consorcio hispano-árabe había firmado otro contrato con el príncipe Abdulaziz Bin Mishal por 120 millones de euros.
La nota afirma tajantemente que "la remuneración que los miembros del Consorcio español acordaron abonar a Epica se corresponde con los servicios efectivos de consultoría que esta sociedad se comprometió a prestar y que, de hecho, prestó a estas empresas durante los ocho años de intensa involucración en el proyecto, antes, durante y después de la adjudicación del mismo al consorcio español. Estos servicios fueron prestados al amparo de un contrato de consultoría sujeto a los más altos estándares internacionales, y han sido ampliamente conocidos por los miembros del consorcio español y por otras muchas partes involucradas en el proyecto del AVE".
Sin relación
El comunicado de Zanganeh asegura que "jamás ha compartido la remuneración percibida con ningún tercero, ni mucho menos han sido partícipes ni conocedoras de actividad ilícita o corrupta alguna en relación con el proyecto y su adjudicación al consorcio español".
Además, explica que la carta del rey emérito que señala el decreto fiscal no tiene relación alguna con las obras del AVE a La Meca y la sitúa en la necesidad de "identificar a la entidad adecuada que pudiera dar a Indra la oportunidad de presentar su experiencia en un área de negocio no relacionada".
Pese a no haber encontrado indicios que permitan descartar que los 65 millones de euros que recibió Juan Carlos I fueran un regalo de la monarquía saudí, la Fiscalía señalaba a continuación que "a nadie se oculta que estos contratos, calculadamente ambiguos y retribuidos por importes significativamente superiores al valor de cualquier servicio legítimo que el intermediario pueda proporcionar, permiten habitualmente canalizar el pago a las autoridades o funcionarios involucrados en la adjudicación, de tal modo que el intermediario conserve para sí una parte del pago y transfiera a la autoridad local la dádiva acordada por haber ganado el contrato".
