Al Gobierno se le transparenta la tensión por el giro histórico en la posición sobre el Sáhara Occidental. Ya desde el viernes pasado, cuando Marruecos hizo pública parcialmente la carta que había enviado Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, en la que manifestaba que la propuesta autonomista de Rabat para la antigua colonia española era la "base más seria, realista y creíble", evitó proporcionar muchas concreciones. Los días han pasado y continúa sin aportarlas. Y este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ocurrió lo mismo. La portavoz del Ejecutivo, visiblemente incómoda, mascando la tensión en cada una de las respuestas a los periodistas, rehusó dar detalles y se remitió a las explicaciones que, este miércoles, dará en el Congreso el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y "muy probablemente" el próximo 30 de marzo el propio presidente, también en la Cámara baja.

En todo momento, la ministra Isabel Rodríguez se escudó en que la diplomacia "requiere de tiempos y discreción" para no profundizar en cómo se ha gestado esa salida a una crisis con el vecino del sur que se ha prolongado durante más de un año y que alcanzó su cénit en mayo de 2021, cuando 10.000 personas cruzaron, muchas a nado, la frontera de Ceuta, con la permisividad de las autoridades marroquíes. Era su castigo a España por haber acogido en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, gravemente enfermo de covid-19. La portavoz mantuvo que el acuerdo con Rabat, en el que se venía trabajando durante "meses", es una "buena noticia para España", porque da carpetazo a una crisis diplomática larga y porque redunda en la "estabilidad política, la integridad territorial y la prosperidad económica" de los dos países.

Precisamente una de las razones esgrimidas por el Ejecutivo para tomar partido por la vía autonomista que propone el reino alauí para el Sáhara es que estaba amenazada la "integridad territorial" de España. Es decir, que con esta recomposición de las relaciones bilaterales se consigue el blindaje de Ceuta y Melilla y de las aguas territoriales de Canarias. De hecho, Albares informó después del anuncio a los presidentes de las dos ciudades autónomas y de las islas. Y Sánchez visita este miércoles Ceuta y Melilla, diez meses después del pico de la crisis, como un gesto de fortaleza hacia Rabat. Pero Rodríguez no detalló por qué estaban en riesgo ambos enclaves. "Cuando inauguramos una nueva etapa, lo conveniente es mirar hacia delante y no hacia detrás", sostuvo, para incidir en que el Gobierno intenta "velar por los intereses generales del país" en toda circunstancia.

La portavoz no concretó por qué no se dio a conocer la misiva enviada por Sánchez a Mohamed VI (no se conoce siquiera cuándo estaba fechada), o por qué no se informó previamente del giro histórico de España —el abandono de la neutralidad mantenida durante 47 años— al socio de coalición, Unidas Podemos, o al PP. Ni tan siquiera confirmó si se avisó con antelación a Argelia, como fuentes oficiales del Ejecutivo sí señalaron durante el fin de semana.

"No con países terceros"

Respecto a la relación con Argel, el Gobierno busca hacer ver que no hay ninguna quiebra en la relación, pese a que el sábado respondió con la llamada a consultas de su embajador en Madrid, Said Moussi. La portavoz recalcó que Argelia es un socio "sólido", "estratégico", "prioritario" y "fiable" para España como uno de sus suministradores principales de gas. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a su lado, apuntó que espera que las relaciones sigan funcionando con "normalidad" y no se vea alterado el aprovisionamiento energético. "La relación ha sido excelente y esperamos que siga siendo así", replicó.

¿Pero se informó previamente a Argel? Rodríguez repitió la fórmula empleada ayer por Albares en Bruselas: el acuerdo trenzado con Rabat es "entre dos partes", España y Marruecos, y "no con países terceros". Es decir, no confirmó que el contacto se hubiera producido, pese a que se le inquirió si lo hubo y por qué cauce. Sobre la reacción de los socios, muy airada con el giro del presidente, la ministra se limitó a recordar que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, y de ellas no puede dar cuentas.

Rodríguez se felicitó del "nuevo marco de relaciones" con Rabat, un vecino con el que "nos unen lazos humanos, históricos y también de carácter geográfico y económico". Asimismo, fue muy insistente a la hora de subrayar que el Gobierno "ha dado explicaciones desde el minuto uno", ya que Albares compareció el viernes en Barcelona y ayer lunes desde Bruselas, y este martes fue interrogado por la oposición en el Senado y mañana comparece en la Cámara baja para dar cuentas "con detalle".

La portavoz también recalcó que España "se mantiene en la misma posición" en la que estaba, en el sentido de que sigue apostando por una solución negociada "en el marco de la ONU" y "mutuamente aceptada". En esa línea abundó precisamente el jefe de la diplomacia en la Cámara alta este martes, haciendo hincapié en que España no se ha deslindado de la legalidad internacional, olvidando que el cambio ahora radica en que el Gobierno, por primera vez, se decanta por una solución, la propuesta de autonomía. Albares viajará probablemente el próximo 1 de abril a la capital marroquí.

Pero Albares no será el único que pase por el Congreso. Presionado por la oposición, de izquierda a derecha, la Moncloa cede. Sánchez acudirá al Congreso "muy probablemente" el próximo miércoles, 30 de marzo, para dar cuentas de las nuevas relaciones con Marruecos, pero será en una comparecencia en la que abordará las conclusiones del Consejo Europeo de este 24 y 25 de marzo y en la que expondrá el plan nacional de respuesta que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes. Es decir, que no será una sesión monográfica sobre el giro estratégico sobre el Sáhara Occidental, sino que contendrá distintos asuntos, un procedimiento habitual en todas las legislaturas.