“Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Así lo asegura el artículo 67 de la Constitución, pero nada más lejos de la realidad. Antes de que sus señorías ocupen los escaños, su partido ya ha decidido qué botón tienen que apretar. Es la disciplina de voto, un ataque a la libertad de los parlamentarios pero también una práctica habitual en democracia para mantener la coherencia y la unidad en el partido en cuyas listas han concurrido. El debate es recurrente y vuelve a abrirse cada vez que hay polémica. La última fue tras la votación de la reforma laboral del Gobierno, en la que dos diputados traicionaron la directriz de su formación.
Sergio Sayas y Carlos García Adanero ya no representan a UPN en el Congreso, que los expulsó por romper la disciplina de voto y negarse a entregar sus actas dejando paso a otros miembros de la lista electoral. Sayas y Adanero defienden que votaron en conciencia, mientras en la izquierda los acusaron de transfuguismo. En temas de disciplina, pocas de sus señorías resisten a la hemeroteca. El propio Adanero reprendió en 2008 a un díscolo de su partido: “Los cargos que han sido elegidos por ir en las listas de UPN están obligados por las decisiones que toman los órganos correspondientes”, sostuvo entonces.
En las filas del PSOE, el último díscolo fue Odón Elorza, que se negó a votar a favor de la elección de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional. “Uno no es diputado individualmente, sino porque ha ido en una lista electoral”, dijo el ministro Félix Bolaños. Sin embargo, la vez anterior en que Elorza había votado contra el criterio de su partido fue en la investidura de Mariano Rajoy, como hicieron también otros 14 diputados socialistas entre los que estaban Adriana Lastra o Margarita Robles. Aquel discurso del ‘no es no’ les costó a los díscolos la máxima sanción, 600 euros de multa, pero devolvió a Pedro Sánchez el liderazgo del partido. Es uno de los casos de rebeldía más sonados. El resto han sido anecdóticos y aislados.
“Sin disciplina de voto no podríamos funcionar en los sistemas parlamentarios de Gobierno: crean unidad y sostienen el sistema”, señala a EL PERIÓDICO Paloma Román, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. “Es cierto que la Constitución prohíbe expresamente el mandato imperativo, que es lo más parecido a esa disciplina de voto, pero se sortea de alguna forma”. Coincide Iván Serrano Balaguer, doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra: “Un partido tiene que tener una agenda identificable, y el precio es disminuir la capacidad de elegir del diputado; no es posible diseñar un método que cumpla las dos cosas a la vez”.
Señal de crisis interna
En España, quienes aspiran a representar a los ciudadanos concurren en listas cerradas, por lo que, a juicio del experto, la vinculación directa entre diputado y elector es “difusa”. En Reino Unido o EEUU el diputado se debe a su circunscripción y es más fácil que se produzcan tensiones internas y no haya disciplina. “La ruptura de la disciplina de voto es señal de crisis interna”, indica Serrano, y otra opción es que se trate de “asuntos morales con controversia y el partido político lo permita”. Una de las díscolas más famosas de los populares fue Celia Villalobos, que en 2014 votó a favor de la iniciativa del PSOE para retirar la ley del aborto y fue sancionada con 500 euros. También Federico Trillo votó en contra de la reforma de la ley del divorcio, cuando el PP había acordado abstenerse. El PP contempla multas de hasta 700 euros, y desde 2017 permiten libertad para votar “en conciencia” cuestiones éticas o morales que no estén en el programa electoral. En 2012, el senador leonés Juan Morano acumuló 13 multas de 150 euros por no seguir las consignas del partido en la votación de unos presupuestos que suponían un recorte a las ayudas al carbón.
El PSOE recoge la disciplina de voto en sus estatutos, con multas de hasta 600 euros. Sus principales problemas para mantener la unidad se dieron con los diputados del PSC y el derecho a decidir, en 2013, y entre sus díscolos ilustres está el ex secretario general de Comisiones Obreras, que se negó a apoyar la reforma laboral de 2010. Podemos no quería ni oír hablar de disciplina de voto en sus inicios, pero ahora incluye para sus disidentes hasta 1.000 euros de multa. Pablo Iglesias fue uno de los que defendió la “dignidad” de los diputados socialistas del ‘no’ a la investidura de Rajoy. Ahora sostiene que quien “se mete en la lista de un partido”, tiene que hacer “lo que le diga el partido”.
Serrano cree que “los partidos nuevos operan con ideales como ‘seamos más abiertos’, pero a medida que se hacen grandes es mucho más difícil gestionarse sin disciplina de voto. Los ciudadanos premian que los partidos sean previsibles, que no haya riesgo de dar una imagen de desorden”. Solo ERC asegura que sus diputados pueden votar lo que consideren en el Congreso, aunque el sentido del voto se pacta en una reunión previa al pleno.
Castigo al disidente
En 1983, el Tribunal Constitucional sentenció que “los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos”. Pero la teoría no siempre coincide con la práctica. En jerga política suele decirse que quien se mueve no sale en la foto. O como explica Román, “el que se salta la disciplina no vuelve jamás a una lista”. En otra sentencia más reciente, de 2020, el Tribunal da su aval a la disciplina de voto para simplificar el proceso de debate en el Parlamento, pero ampara a los díscolos cuando la postura impuesta por el partido sea contraria a los principios de sus estatutos o al programa electoral de la candidatura.
Otro punto clave es cómo se toman las decisiones. La teoría dice que el partido discute dentro de su seno los asuntos en un debate donde todos pueden expresarse, pero tras la discusión, la decisión que tome la mayoría tiene que seguir adelante. “Y si no estás dispuesto a seguirlo, tienes que dimitir”, señala Román. “El problema es que en la práctica eso no se cumple y las decisiones son dictadas desde arriba”.
